Demanda Coparmex mayor coordinación de los tres órdenes de gobierno

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OCT
08
2015
Redacción IM Noticias Morelia, Mich. El presidente de Coparmex Michoacán, Eduardo Sánchez Martínez, aseguró que a nivel nacional los empresarios de la Confederación mantienen preocupación por el clima de debilidad institucional y de desconfianza en la justicia que prevalece en México, sobre todo en estados donde la inseguridad y la violencia es latente, como el caso de Michoacán, por lo que se sumó al llamado de que exista mayor coordinación de los tres órdenes de gobierno para erradicar este problema.

El dirigente empresarial dijo que existen diversos indicadores que muestran la gravedad de la situación y citó los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015 publicada por el INEGI, en la que se estima que en 2014 en México hubo 22.8 millones de víctimas de delitos, entre robo, fraude, extorsión, amenazas, lesiones y secuestros, entre otros.

Sánchez Martínez destacó que la tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes fue de 41 mil 655; y si a esto se suma que 9 de cada 10 delitos no se denunciaron, se está hablando de que más del 70 por ciento de la población mexicana es victimada cada año.

El empresario dijo que es indispensable que el imperio de la ley prevalezca en todos los municipios, en cada rincón, localidad por localidad, una eficaz y oportuna rendición de cuentas, por lo que reiteró que es necesaria la firma para el Mando Unificado en Michoacán, además de un sistema nacional que permita sancionar los actos de corrupción.

"Tenemos claro que ésta no es sólo una tarea de las autoridades; es una labor que nos involucra a todos, a los titulares del Poder Ejecutivo, federal, estatales y los municipales; a los poderes Legislativo y Judicial, diputados y senadores, policías, fiscales y jueces, y por supuesto, también a los ciudadanos".

Subrayó que Michoacán es uno de los estados con mayor potencial económico y de desarrollo, sin embargo parece estar limitado por la inseguridad y por la debilidad institucional que se expresa en la desconfianza de los ciudadanos hacia las leyes, su aplicación, las autoridades y hacia el sistema de impartición de justicia.

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