
JUL 132012 El Partido de la Revolución Democrática, a través de su Comisión Política Nacional, expresa su beneplácito por la determinación que se hiciera en el Congreso de la Unión, para rechazar las "observaciones" del Ejecutivo Federal a la "Ley General de Víctimas" que, de facto constituían un veto para que tal ordenamiento entrara en vigencia a la brevedad posible. Consideramos pertinente la resolución de que el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, ordene la publicación del decreto por el que se expide dicha Ley, toda vez que el plazo legal que rige la construcción de leyes, se desarrolló en tiempo y forma. Es decir, que las observaciones que a la Ley de Víctimas hizo el titular del Poder Ejecutivo, fueron enviadas de manera extemporánea el primero de julio del 2012, cuando el plazo feneció el día 10 de Junio. Consideramos que el Estado Mexicano debe reconocer su responsabilidad y hacerse cargo de la reparación social, moral y, en su caso, económica frente a las miles de víctimas inocentes que hoy reclaman justicia en prácticamente todo el territorio nacional. La Ley de Víctimas contribuye a ello. Entendemos que la contradicción principal del Ejecutivo Federal es porque dicha Ley es para víctimas del delito y violación de Derechos Humanos, y publicarla implica reconocer que, durante su sexenio, ello ha sucedido. Es decir: La violación sistemática y persistente de los Derechos Humanos de miles de inocentes. Ello implicaría para Felipe Calderón admitir que, en su sexenio, hubo que expedir una ley para atender los costos sociales y humanos de su guerra insensata; y porque dicha Ley confronta su estrategia de seguridad y de políticas públicas de atención a víctimas -por cierto- tan limitada y errática. Consideramos que las víctimas de hoy no pueden esperar 30 años más para que el Estado reconozca su responsabilidad en los sucesos que han derivado en sangre, huérfanos o viudas, desapariciones u otras graves violaciones a Derechos Humanos, como ocurrió -por ejemplo- en el "caso Rosendo Radilla" que obligó al Estado Nacional a reparar el daño sólo mediante una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Ley General de Víctimas debe publicarse y entrar en vigor ya. |