FEB 232018 Gallo Palmer, señaló que las administraciones priistas de dichos estados mantienen amplias relaciones con un grupo selecto de empresas a las cuales han asignado grandes obras por encima de la ley, afectando la competitividad y a miles de pequeñas y medianas empresas. "Los gobiernos del PRI han privilegiado a un grupo reducido de compañías constructoras, se han olvidado de gobernar para todos y han beneficiado a sus incondicionales. Los casos más graves de los que tenemos registro son en San Luis Potosí y Estado de México, donde incluso se emitieron acuerdos en gacetas oficiales con condiciones y parámetros poco confiables", indicó. El líder constructor informó que el gobierno del Estado de México mantiene vigente un acuerdo publicado en su gaceta oficial el 19 de marzo de 2004, emitido por la extinta Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo, en el que se estipula que para poder ser contratado por las dependencias del gobierno del estado es obligatorio pertenecer a la delegación local de la CMIC, lo que ha favorecido la corrupción y el sesgo de empresas del sector. Francisco Gallo, aseveró que estas condiciones salvaguardan los intereses de una agrupación, violando lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, que desde 1997, establece que la afiliación a las cámaras será un acto voluntario de los comerciantes e industriales. Asimismo, recordó que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la libertad de asociación es una potestad de cada persona física o moral, por lo que "es injusto que gobiernos priistas ayuden a una organización para tener a los constructores cautivos y ordenados". "Se han cuidado intereses gremiales haciendo acuerdos en lo oscurito y al margen de la ley elevándolos a convenios oficiales. Los gobiernos del PRI han inducido a los empresarios a formar parte de una cámara, discriminando a la mayoría de las empresas constructoras que buscan trabajar para mantener a sus familias y vulnerando sus derechos consagrados en la Constitución Mexicana". El dirigente de AMIC añadió que, no obstante, se obliga a los constructores a donar el 2 al millar de los montos facturados, lo que año tras año, representa cientos de millones de pesos destinados al mantenimiento de una organización empresarial por un acuerdo pactado entre la CMIC y las altas autoridades del país. Para finalizar, Gallo Palmer informó que la AMIC ya ha solicitado a la Comisión Anticorrupción del Senado de la República y a los aspirantes a la presidencia poner sobre la mesa de debate las políticas de orden en la obra pública, manifestarse contra las condiciones que impiden el libre derecho de asociación y combatir los moches para beneficiar a un organismo. "No queremos más contratos por asignación directa; no más acuerdos para otorgar obras por invitación a tres amigos, no más competencia desleal del gobierno haciendo obra por administración. Los gobiernos de todos los niveles deben cumplir y hacer cumplir la constitución mexicana, licitar públicamente toda la obra y adquisiciones, permitir el crecimiento de la economía y garantizar la competitividad de la industria", concluyó. |
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