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Efectivo el Protocolo de Legalidad y Ética Política: PRD

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FEB
23
2015
Redacción IM Noticias | Morelia, Mich. El Partido de la Revolución Democrática es el único en el país y el estado que cuenta un Protocolo para Fortalecer la Cultura de la Legalidad y la Ética Política, que obliga a todos sus miembros y a aspirantes a cargos de elección popular a comparecer ante la autoridad cuando existan señalamientos sobre presuntas actuaciones fuera de la ley, señaló el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Torres Piña.

El líder estatal dijo que el PRD camina hacia una nueva ética en la política y la defensa de la legalidad, y que el PRD asume una postura tajante para postular a perfiles honestos a cargos de elección popular.

En este tenor, dijo, desde el pasado 18 de enero del presente fueron entregadas las listas de aspirantes a todos los cargos de elección popular al CEN para que pudiera iniciar una investigación exhaustiva de los mismos y notificara al Comité Estatal sí existía alguna limitante en dichos aspirantes.

Torres Piña aseguró que el partido en un acto de congruencia, se suma a la responsabilidad de que sea a través del Comité Ejecutivo Nacional que se aplique el mecanismo de control para enviar un claro mensaje a la sociedad, "porque somos un partido que debe estar al servicio de México y no un instrumento de privilegio de dirigentes y servidores públicos".

Dijo que resulta indispensable que todos los servidores públicos, militantes y aspirantes a algún cargo de elección popular se sometan a la más rigurosa evaluación, transparencia y escrutinio público, por lo que todos estamos obligados a cumplir con el Protocolo para fortalecer la Cultura de la Legalidad y la Ética Política.

En este sentido, subrayó que el PRD ha sido el primer partido que crea la página nacional de transparencia para construir un Sistema ciudadano de control de precandidatos y candidatos a puestos de elección popular con el fin de verificar su reputación social y política.

Los datos que los ciudadanos aporten a través del sistema serán utilizados para determinar la postulación o no de una persona a un cargo de elección popular, previa garantía de legalidad y audiencia.

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