FEB 012017 Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia de la República, indicó que en la controversia, en la que se señala al Congreso federal como parte demandada, también se reclaman los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias expedidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) "en virtud de tener un vicio de origen ya que se basan en leyes que se consideran inconstitucionales", y porque daban "erróneamente atribuciones al Instituto para regular el derecho a la información de los mexicanos". El IFT expidió, con base en los mencionados artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los lineamientos que establecen el derecho a que en los contenidos se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta. Asimismo, establecen el derecho a que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa, la figura de un defensor de audiencias y el deber de los concesionarios de contar con códigos de ética. El consejero jurídico precisó que la Constitución establece que al IFT le corresponde emitir disposiciones de carácter general, siempre y cuando "sean exclusivamente para referirse a la función regulatoria del Instituto en los sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones". La Constitución no le otorga al IFT atribución alguna para regular los derechos de las audiencias, que son parte del derecho humano a la información. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) afirmó que la controversia constitucional del Ejecutivo contra los lineamientos generales de los derechos de las audiencias preserva la libertad de expresión. "La CIRT ve en el procedimiento que ha ordenado el Presidente Enrique Peña Nieto la oportunidad de preservar la Libertad de Expresión en nuestro país", aseveró la agrupación en un comunicado. |
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