AGO 292022 El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se posicionó en contra de la eliminación de la figura legal de la prisión preventiva oficiosa que ha sido propuesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que consideró que esto sería nocivo para la paz social y bienestar de los ciudadanos. "Sería elevar a toda asta la bandera de la impunidad", detalló. Asimismo señaló que iría en contra del mandato constitucional del artículo 19 constitucional qué señala: "El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud". Detalló que la figura de prisión preventiva oficiosa ha permitido a Michoacán disminuir la incidencia delictiva y que actualmente hay 3 mil 872 personas que siguen su proceso penal por este concepto y por tanto habría riesgo para las víctimas, los testigos y los mismos jueces, dado que se anularía un mecanismo de protección para ellos. Por lo anterior señaló que si se determina eliminar el actual mecanismo legal se "vendría una lluvia de amparos que seguramente ganarían los implicados". También hizo un llamado a la Suprema Corte de la Nación que si determina anular debe generar los mecanismos para evitar que haya riesgo de impunidad. Finalmente expresó que la desaparición de la prisión preventiva oficiosa debería ser tras la convocatoria de un proceso legislativo amplío que involucrara al Congreso de la Unión y a los locales. |
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