DIC 062016 La iniciativa busca que la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Justicia Administrativa, del Justicia Agraria, el Fiscal General y los titulares de los órganos constitucionalmente autónomos, sin menos cabo de las características y especificaciones en los procedimientos para sus nombramientos, deberán preverse al menos los tres criterios de evaluación: examen de conocimientos, análisis curricular y comparecencia. La también integrante de la Comisión de Reforma Agraria, señaló que pareciera no estar a discusión las ventajas y el progreso administrativo que significa el que los gobiernos cuenten con los mejores perfiles en el sector público, los mejores en los cargos de decisión, y si queremos ser un mejor país, necesitamos dotar de mayor transparencia los procedimientos de nombramientos de todos los funcionarios de alto rango, en especial aquellos que tienen la titularidad de órganos constitucionales, pues en muchas ocasiones no deja de ser un espacio para la repartición de cuotas partidistas o un pago de compromisos personales, enfatizó. Además dijo que en el contexto actual, México enfrenta el reto de contar con servidores públicos con mayores capacidades, que conozcan las especificidades técnicas de determinados cargos sustantivos y administrativos, así como que cuenten con conocimientos y habilidades para resolver los problemas ordinarios y extraordinarios que surgen de la convivencia en comunidad, por ello es necesario contar con mecanismos de transparencia para la designación. Agregó, que no pretende que los Poderes de la Unión pierdan su capacidad soberana de decisión y designar ciertos cargos públicos, pero si transparentarla, profesionalizarla, guiarla y recuperar la confianza de los ciudadanos. Finalmente recalcó que mientras los titulares de los organismos públicos estén libres de señalamientos, pero sobre todo libres de compromisos políticos, serán verdaderos contrapesos del Poder y esa fortaleza permeará a todas las áreas de su institución, no habrá compromisos para contratar personal, ni distribución de información selectiva sobre los temas que aborda, mucho menos temor de aplicar la Ley. |
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