NOV 272013 La Cámara de Diputados aprobó un exhorto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), al gobierno de Guerrero y a los gobiernos de todos los estados, a tomar cartas en el asunto de las crecientes agresiones y criminalización de las guardias comunitarias. Al plantear el tema en la Tribuna de San Lázaro, los legisladores promotores del punto de acuerdo, entre ellos el coordinador de la fracción del Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Monreal, alertaron que los grupos de policías comunitarias no solo sufren los embates del crimen organizado, sino que las autoridades estatales han optado por detener y apresar a sus líderes. Ello, planteó Monreal Ávila, por el hecho de que en un acto de desesperación, ante la falta de acción gubernamental, hayan buscado por sus propios medios y en el caso de Guerrero, con la autorización del propio gobierno, brindar seguridad a sus familias y comunidades. El legislador enfatizó que en Guerrero, desde hace 18 años existe la ley que regula la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), misma que agrupa a cerca de 20 mil personas de distintas comunidades que, en ejercicio de sus usos y costumbres, se organizaron para defenderse, en acuerdo con el gobierno local y sin violentar la ley. El diputado del Partido del Trabajo (PT), Manuel Huerta, enfatizó que las guardias comunitarias y grupos de autodefensa, surgieron para garantizar la sobrevivencia de los habitantes de zonas azotadas por el crimen organizado y desatendidas por los gobiernos estatales y municipales. Aclaró que las guardias comunitarias están siendo perseguidas por proteger a sus familiares y vecinos, por utilizar armas largas y por ocasionar disturbios en las comunidades, cuando en realidad, aseguró Huerta Ladrón de Guevara, ninguno de esos grupos se ha rebelado contra la autoridad, sino que su rebeldía es contra el narcotráfico y el crimen organizado. En ello coincidió el vicecoordinador del MC, Ricardo Mejía, quien lamentó la criminalización y hostigamiento de grupos de autodefensa, cuando los gobiernos no han sido capaces de capacitar bien a sus cuerpos policíacos, evitar la infiltración de la delincuencia en los mismos ni salvaguardar la integridad de sus gobernados. Mejía Berdeja también alertó sobre el creciente número de asesinatos de dirigentes sociales en Guerrero. La moción que tuvo el apoyo de todas las fracciones parlamentarias, incluso del Partido Verde (PVEM) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a cambio de ajustes en los resolutivos, establece que la CNDH debe iniciar investigaciones exhaustivas, por las presuntas violaciones a los derechos de miembros de guardias comunitarias de Guerrero, como Nestora Salgado García, Gonzalo Molina González y otros líderes sociales encarcelados y que permanecen incomunicados en penales de Nayarit y Oaxaca. Pide que la Suprema Corte atraiga los expedientes de Nestora Salgado García, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez, Gonzalo Molina González y Ángel David Chanita Molina, por violaciones al debido proceso. De igual modo, convoca a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), revisar el estatus jurídico de los señalados, a fin de corregir las anomalías cometidas en su contra. Al gobierno del ahora perredista Ángel Aguirre, se le demandó que cese el clima de persecución y violencia contra las guardias comunitarios, a fin de privilegiar el diálogo entre las partes. |
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