SEP 102021 Alfredo Ramírez señaló que, en razón de que Congreso del Estado aún no autoriza al gobierno de Silvano Aureoles desincorporar predios del patrimonio estatal y venderlos, cualquier contrato de compra-venta que se realice estará fuera de la ley. Puntualizó que quienes celebren contratos de compra-venta de bienes públicos podrían incurrir en delitos como fraude, peculado, cohecho y corrupción, por lo que su administración procederá penalmente contra quién participe en la privatización de bienes públicos. Señaló que a escasos 20 días de que termine el gobierno de Silvano Aureoles es poco el tiempo para llevar a cabo el proceso de desincorporación y venta de bienes públicos de manera legal y transparente, por lo que es muy probable que esos predios ya hayan sido vendidos mediante tráfico de influencias. Tampoco hay garantías del destino que se le daría a los más de 600 millones de pesos que se obtendrían con la venta de los bienes públicos, por lo que estamos ante un proceso evidentemente irregular e ilegal, advirtió Bedolla. |
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