JUL 152015 Ante la reciente demostración de que el proyecto Segunda Etapa del Libramiento Sur, tramo Ramal Camelinas es ilegal y no cuenta con los permisos a los que obliga la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que en su ARTÍCULO 19 establece: "Las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con las mismas, sea por contrato o por administración directa, así como los contratistas con quienes aquellas contraten, observarán las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal", el edil moreliano Salvador Abud se deslindó totalmente de la puesta en marcha de la construcción del peligroso Túnel 1, informó hoy Moctezuma Madrigal, vocero del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL). "Este deslinde de Salvador Abud debería venir acompañado de la cancelación de la obra, por no contar con el permiso de construcción municipal y con el dictamen de protección civil municipal", afirmó el vocero del MCDL. "En todo este tiempo, ha sido evidente la complacencia del gobierno municipal y la tolerancia a la violación sistemática de los ordenamientos legales. ¡Basta de la hipocresía del edil que ahora intenta deslindarse del criminal acceso, mismo que hemos demostrado es ilegal y es construido en una zona de alto riesgo como lo afirma la UNAM!" exigió Moctezuma Madrigal. Junto al gobierno municipal, a nivel federal las instituciones encargadas de proteger las Áreas Naturales Protegidas (ANP), han actuado de forma parcial, tal el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), pues no ha resuelto las denuncias presentadas por la invasión del polígono del ANP de la Loma de Santa María y depresiones aledañas, denuncias que hace un mes fueron complementadas por el secretario de Urbanismo y Medio Ambiente que certifica que existen excavaciones dentro del polígono protegido, mencionó Madrigal. El vocero del MCDL señaló que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece claramente la cancelación de cualquier obra que invada una Área Protegida. "Cabe señalar que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable estipula que cambiar la utilización de terrenos forestales, sin contar con la autorización correspondiente, se sanciona con el equivalente de 100 a 20,000 veces de salario mínimo vigente". Asimismo, el Código Penal Federal establece en el Artículo 418 que se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por el equivalente de cien a tres mil días multa. La pena de prisión deberá aumentarse en tres años más y la pena económica hasta en mil días multa, cuando las conductas afecten un Área Natural Protegida (ANP), agregó. "La invasión del polígono del ANP es un delito y debe ser sancionado con la cancelación inmediata del Ramal Camelinas, obra basada en la ilegalidad, la corrupción y el riesgo", afirmó el vocero del MCDL. "El edil tiene que notificar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la compañía Rymsa, responsable de las pésimas obras en la calzada Juárez y responsable de construir las obras de pésima calidad en la Av. Amalia Solórzano; de no hacerlo, el alcalde será responsable de una tragedia en la Loma de Santa María derivado de la incapacidad técnica de las compañías Rymsa y Tradeco" agregó el vocero del MCDL. "Salvador Abud puede comunicar a la SCT, al gobierno estatal y a las empresas involucradas a través del grupo de chat que él mismo dijo que se creó desde el mes de abril para tratar la viabilidad del proyecto", concluyó Moctezuma Madrigal. Salva la Loma no se opone al desarrollo o a la construcción de nuevas vialidades que conecten a la Loma de Santa María; con lo que no está de acuerdo es que en aras de un costoso proyecto, que solo responde al interés de unos cuantos, se afecten cientos de hectáreas naturales que representan el pulmón y la fuente de recursos acuíferos de miles de morelianos. |
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