ENE 222026 En el Juzgado Octavo Civil de Morelia se analizó una demanda ordinaria civil sobre reivindicación de inmueble mediante la cual la actora y propietaria actual de una casa solicitaba que, primero, se le reconociera la calidad de propietaria y, segundo, se le entregara la posesión del bien raíz, argumentando que las demandadas lo ocupaban sin derecho. La actora acreditó plenamente ser dueña del inmueble, ya que lo adquirió legalmente mediante una dación en pago. Sin embargo, también quedó demostrado que las demandadas habitan la vivienda desde hace varios años por un acuerdo aprobado judicialmente dentro de un juicio de divorcio, en el que se estableció que dicho inmueble serviría como casa habitación para la exesposa e hijas del causahabiente de la actora. Al revisar el caso, la jueza determinó que, aunque la actora es propietaria, la ocupación del inmueble por parte de las demandadas no es ilegal ni arbitraria, ya que deriva de una resolución judicial previa que les reconoció el derecho a habitarlo como parte de la protección familiar tras la disolución del matrimonio. En consecuencia, el tribunal resolvió que la acción era infundada y las demandadas fueron absueltas, privilegiando la seguridad jurídica y el respeto a una situación habitacional previamente reconocida por la autoridad judicial, sin que ello implique desconocer el derecho de propiedad de la actora, quien deberá acudir a la vía legal correspondiente si desea modificar esa situación. Por otro lado, en el juicio ordinario civil 676/2025, el Juzgado Cuarto Civil de Morelia resolvió la nulidad parcial de una donación de derechos de usufructo vitalicio, al acreditarse la existencia de error en el consentimiento de una mujer adulta mayor de 76 años. La resolución consideró que, al momento de formalizarse la donación en favor de uno de sus hijos, no se reflejó correctamente la voluntad real de la donante, quien pretendía conservar para sí el usufructo vitalicio. Asimismo, se tomó en cuenta su condición de vulnerabilidad, al tratarse del único bien de su propiedad, del cual dependía para su subsistencia. El órgano jurisdiccional determinó que, dadas las circunstancias personales de la actora, debió otorgársele una explicación clara y adecuada sobre los alcances del contrato, garantizando una protección reforzada de sus derechos como persona adulta mayor. Con estas resoluciones, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso con una impartición de justicia civil que garantice la certeza jurídica, el respeto a los derechos patrimoniales y la protección de personas en situación de vulnerabilidad, resolviendo los conflictos conforme a los principios de legalidad, equidad y acceso efectivo a la justicia. |
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