AGO 152013 También busca poner fin al comercio de plazas, despedir a los profesores faltistas, terminar contratos con docentes que no pasen los exámenes que requieren para obtener la plaza definitiva, separar del cargo a quienes se nieguen a ser evaluados o quienes tengan un nivel insuficiente de conocimientos para dar clases, así como transparentar las cuotas de los padres de familia. Peña Nieto presentó las iniciativas de la ley general del servicio profesional docente, la Ley General de Educación y la ley del instituto nacional para la evaluación de la educación (INEE), mismas que se revisarán en fast track, pues serán abordadas por la Cámara de Diputados en el periodo extraordinario del 21 al 23 de agosto. La primera ley citada cierra la puerta a los comisionados sindicales que cobran como profesores con grupo. Determina que las personas que acepten el desempeño de un empleo, cargo o comisión no educativa, como lo que sucede en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), deberán separarse del servicio profesional docente, sin goce de sueldo. Todo el personal que se encuentra como asesor técnico pedagógico -una de las opciones de comisionados- se reintegrará a la función docente y tiene prohibido desempeñar funciones administrativas. Incluye que los maestros y personal de dirección o de supervisión que se encuentren en el nivel educativo básico o medio superior y no asistan a laborar por más de tres días consecutivos o discontinuos en el mes serán separados del cargo "sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes". Destaca que las evaluaciones son obligatorias y periódicas. Los profesores que se nieguen a ser evaluados o quienes tengan resultados insuficientes en sus pruebas serán separados del cargo. Para el ingreso a una plaza docente, el maestro estará sujeto a un periodo de inducción con duración de dos años ininterrumpidos, lapso en el que contará con un tutor. "Al término del periodo de inducción, la autoridad educativa o el organismo descentralizado evaluará al docente para determinar si en la práctica favorece el aprendizaje de los alumnos y, en general, si cumple con las exigencias propias de la función docente", añade. "En caso de que el personal incumpla el periodo de inducción, con la obligación de evaluación o cuando en ésta se identifique su insuficiencia en el nivel de desempeño de la función docente, se darán por terminados los efectos del nombramiento", determina. Mientras tanto, la reforma a la Ley General de Educación pone énfasis en que las donaciones o cuotas voluntarias escolares deberán tener mecanismos de regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia, en ningún caso se tomarán como contraprestaciones del servicio educativo. Prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida y condicione los servicios educativos e impide que se condicione alguna cuota a cambio de clases. Busca cerrar la puerta a escuelas privadas patito, para ello, las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos. Destaca que el criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso científico y luchará contra la ignorancia, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente en niños y mujeres. La ley del INEE precisa que las evaluaciones serán sistemáticas, integrales, obligatorias y permanentes. "Estas evaluaciones deberán considerar los contextos demográfico, social y económico de los agentes del Sistema Educativo Nacional, los recursos o insumos humanos, materiales y financieros destinados a éste y demás instituciones que intervengan en el proceso de enseñanza aprendizaje", detalla. También evaluará la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y violencia. Abre la puerta para que instituciones autónomas, como la UNAM, signen convenios con el INEE y se puedan aplicar evaluaciones. Reforma educativa RECHAZA SCJN ATRAER AMPAROS COLECTIVOS La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer cuatro amparos colectivos interpuestos por maestros en contra de la reforma educativa, en particular de los estatutos nuevos para ascensos, evaluación permanente y la imposibilidad de heredar plazas. Con cuatro votos, los ministros de la Segunda argumentaron que la reforma educativa, promulgada en febrero del 2013, no puede impugnarse a través de un juicio de garantías, debido a que la nueva Ley de Amparo lo prohíbe en el artículo 61. En marzo pasado fueron interpuestos estos amparos; sin embargo, la Segunda Sala determinó que no existía tema de constitucionalidad que justificara la concesión de protección a los miles de maestros. En junio, los Juzgados Tercero, Sexto y Séptimo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región en San Andrés Cholula, Puebla rechazaron estos mismos amparos. (Con información de Ana Langner). |
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