ABR 062017 El líder constructor indicó que esta situación ha privado de tener un trabajo a cientos de empresas mexicanas, por lo que recalcó la necesidad de que el Poder Legislativo realice una modificación en el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas, para eliminar las modalidades de licitación, asignación directa e invitación restringida, mismas que facilitan a los gobiernos la facultad legal de beneficiar a sus conocidos. "Hacemos un enérgico reclamo para que no nos sigan desplazando al realizar obra pública, las funciones de las Fuerzas Armadas prevén sustituir a la planta productiva, el Ejército Mexicano no está pagado por los ciudadanos para estar de albañiles, el gobierno está por encima de los constructores cuando nos quitan la posibilidad de trabajo". Gallo Palmer, urgió a detener la designación de obras mediante la modalidad de asignación directa, ya que ésta faculta a las autoridades para otorgar obra por encima de la ley, convirtiendo así al gobierno en una competencia para las empresas constructoras, dejando sin trabajo a la cadena productiva que conforma la industria de la construcción. Explicó que si bien, la AMIC reconoce el trabajo que tanto la Marina como las Fuerzas Armadas realizan para salvaguardar la seguridad de los mexicanos, este gremio no cuenta con las facultades y experiencia necesaria para ejecutar las obras. "No estamos de acuerdo en que nuestros soldados dejen la pala, pedimos que metan orden y cada quien haga lo que le corresponde, los militares a defender y resguardar a la nación y los constructores a ejecutar la infraestructura del país", añadió tras enfatizar que otra de las desventajas que se tiene en que el Gobierno Federal otorgue obras al Ejército es que estos no pagan impuestos ni los derechos laborales de trabajadores. El presidente Nacional de AMIC, reiteró la necesidad de que exista una modificación a esta ley, para asimismo lograr la integración de Comités Ciudadanos, con el afán de que la sociedad se encuentre involucrada en la toma de decisiones y terminar con la posibilidad de corromper la asignación de obra pública. |
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