NOV 042025 Históricamente, la Constitución mexicana estableció con claridad la subordinación del poder militar al poder civil. Sin embargo, desde el inicio de la llamada "guerra contra el narcotráfico" en 2006, el Ejército y la Marina fueron incorporados de manera creciente a tareas de seguridad interna. Lejos de revertirse, esta tendencia se ha consolidado en el gobierno de la llamada "Cuarta Transformación", que ha entregado a las Fuerzas Armadas responsabilidades administrativas sin precedentes. La justificación oficial ha sido siempre la misma; la fantasía (no hay otro nombre) de que las Fuerzas Armadas son "incorruptibles" y "eficientes", a diferencia de las instituciones civiles, que, según el discurso gubernamental, se encuentran , sin demostrarlo, plagadas de corrupción e ineficacia. En lugar de fortalecer a las policías locales, profesionalizar cuerpos civiles o depurar instituciones, se ha optado por entregar amplias funciones del Estado a la lógica castrense. La militarización tiene consecuencias profundas. En primer lugar las fuerzas armadas están entrenadas para obedecer, no para deliberar ni dialogar; su estructura jerárquica no responde a los principios de transparencia ni rendición de cuentas. Cuando un país traslada funciones civiles a estructuras militares, disminuye la capacidad de fiscalización y aumenta el riesgo de abusos de poder. En México, los casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares han mostrado los peligros de otorgarles facultades policiales sin controles adecuados. Además, mientras las dependencias civiles pierden relevancia, presupuesto y capacidad técnica, el Ejército acumula poder político y económico. Al administrar obras y empresas públicas, las Fuerzas Armadas se convierten en un actor económico con intereses propios, lo que genera conflictos de interés y opacidad. Los antecedentes internacionales ofrecen ejemplos. Países como Argentina, Chile y Brasil vivieron el costo de gobiernos militarizados durante el siglo XX: represión, censura, desapariciones, y una profunda fractura social. En Asia, Myanmar (antigua Birmania) se hundió durante décadas en una dictadura militar que destruyó su economía y sus libertades. Egipto, tras la llamada "Primavera Árabe", regresó al autoritarismo con un gobierno fuertemente sustentado en el ejército. En todos estos casos, la militarización no resolvió los problemas de seguridad ni corrupción: los agravó, al concentrar el poder en instituciones opacas y suprimir los mecanismos civiles de control. La pregunta central es: ¿por qué militarizar México? Para un gobierno que desconfía de las estructuras civiles por considerarlas corruptas o vinculadas al antiguo régimen, las Fuerzas Armadas representan una herramienta leal y disciplinada. Pero esta confianza tiene un costo: cuando los militares se vuelven indispensables en la administración pública, ningún gobierno puede gobernar sin ellos, y mucho menos controlarlos. Lo que se perfila para México es preocupante. Un sistema político apoyado en la estructura militar tiende a la centralización del poder, a la opacidad y al silenciamiento de la crítica. La sociedad civil se debilita y el país avanza hacia un modelo autoritario de facto. El riesgo no es un golpe militar tradicional, sino la normalización de su presencia en todos los ámbitos del Estado. La historia demuestra que cuando las armas sustituyen al diálogo y los uniformes reemplazan a los servidores públicos, las democracias comienzan a morir. La seguridad nacional no puede estar por encima de la libertad civil. Militarizar un país puede parecer una solución rápida frente al crimen y la corrupción, pero sus consecuencias son duraderas y difíciles de revertir. México necesita fortalecer su institucionalidad civil, es imperativo profesionalizar sus cuerpos policiales, combatir la impunidad y devolver a las Fuerzas Armadas su papel constitucional: la defensa de la soberanía, no la administración del Estado. Alejandro Vázquez Cárdenas |
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