OCT 102012 No hay pretexto para que el ejecutivo estatal, a través de la Coordinación de Contraloría, pueda actuar contra los responsables de la deuda pública, afirmo el dirigente estatal de Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, quien además no descarto que el partido pueda presentar las denuncias correspondientes para que se finque responsabilidades, una vez que se conozcan los resultados de las auditorias. "La Coordinación de Contraloría del Estado tienen todas las atribuciones para poder iniciar con los procesos de revisión y auditoria posteriormente de integración de expedientes de presunta responsabilidad. No debe de haber ningún tipo, y no la hay, de condición que le impida actuar". Sin embargo, considero que por el tamaño del boquete financiero debe haber una acción coordinada en la que intervenga la Auditoria Superior de la Federación, la Auditoria Superior de fiscalización del Congreso del estado, la Coordinación de Contraloría del Ejecutivo Estatal y la Secretaría de la Función Pública. "Creo que lo que no podemos cometer es el error de estarnos haciendo bolas los entes fiscalizadores y estar revisando los mismos programas. Me parce que da para que se pueda estructurar un paquete de auditorías lo más amplio posible a la mayor cantidad de recursos ejercidos en Michoacán. A eso le habremos de apostar nosotros, en que podamos incidir para que se haga un esfuerzo de fiscalización". Mientras tanto, para garantizar que no habrá tolerancia a la impunidad y corrupción, indicó que el PAN propondrá al Congreso del estado la instalación de una mesa técnica de seguimiento a las revisiones, inspecciones y auditorias practicadas, así como a la revisión de los expedientes de responsabilidad administrativo penal que se integre. Chávez Zavala, informo que, sin ningún tipo de interés mezquino, el comité estatal recomendó a la fracción parlamentaria de Acción Nacional en el Congreso autorizar los dictámenes de reestructura, refinanciamiento y contratación de deuda pública bajo ciertas condiciones entre la que destaco que el ejecutivo estatal, en uso de sus atribuciones, se comprometa a dar seguimiento a los resultados de las fiscalizaciones practicadas y por practicar a las dependencias de la administración pública estatal, a fin de deslindar responsabilidades e iniciar los procedimientos administrativos o penales necesarios por las presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos de la pasada administración. En ese sentido, el diputado Alfonso Martínez, aseguro que por lo menos existe el compromiso verbal de que así será. Basado en información periodística, el líder panista, recordó que entre las irregularidades se encuentran créditos destinados a fines distintos (pago de nomina, gastos por comprobar, servicios personales, gastos de operación, etc. ) en los que no se aplico el refinanciamiento a créditos de corto plazo. Además de que no fue posible verificar el destino de mil 347 millones de pesos provenientes de diversos préstamos bancarios, en virtud de que no hay evidencia de la documentación comprobatoria. Asimismo, resalto el incumplimiento del pago de retenciones del pago sobre la renta por mil 234 millones de pesos, duplicidad de pagos por 2.5 millones de pesos, un saldo pendiente de pago por los 575 millones de pesos que se retuvo a los empleados por descuentos de adquisiciones, bienes y servicios, así como bienes muebles que faltan por aparecer como es el caso de 148 vehículos y 49 unidades de maquinaria pesada. |
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