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JUN
17
2019
Redacción IM Noticias Uruapan, Mich. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), obtuvo sentencia condenatoria de 55 años de prisión en contra de Servando G., al acreditarse su plena responsabilidad en el secuestro de un empresario inmobiliario; hechos ocurridos en el mes de agosto de 2011, en la ciudad de Uruapan.

De acuerdo a constancias del proceso penal, el 22 de agosto de año en cita, la víctima se encontraba en una agencia de vehículos en la ciudad de Uruapan, cuando hasta el lugar se aproximó una camioneta negra, Nissan, línea Xtrail, de la que descendieron cuatro hombres armados, quienes sometieron y golpearon al empresario, para enseguida subirlo a un vehículo en el que le dieron varias vueltas por diferentes puntos de la región.

Posteriormente, fue llevado hasta la localidad de Las Cruces, municipio de Tumbiscatío, lugar donde Servando G., le exigió que pagara un adeudo que supuestamente tenía con otro empresario, situación que el ofendido rechazó.

Finalmente, y tras un pago de más de 250 mil pesos, el día 24 de agosto, la víctima fue llevada a una gasolinera ubicada en el entronque con las carreteras Apatzingán-Morelia, lugar donde fue liberado.

Los hechos fueron denunciados en el mes de abril del 2014, ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, misma que realizó los actos de investigaciones que permitieron establecer la posible responsabilidad de Servando G., por lo que se solicitó la respectiva orden de aprehensión.

El mandato judicial contra Servando G., se cumplimentó en reclusión en el mes de marzo de 2015, toda vez que desde el mes febrero de ese año, se encontraba detenido por su posible relación en otros hechos de carácter federal.

Durante el desarrollo del Proceso, se desahogaron las pruebas aportadas por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional, lográndose acreditar la responsabilidad del acusado, por lo que el órgano jurisdiccional resolvió sentenciarlo a 55 años de prisión, más el pago de una multa.

La Fiscalía General ratifica su compromiso de garantizar la aplicación de la ley ante todo hecho que atente contra la libertad e integridad de las y los michoacanos.

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