SEP 252015 La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, la ejecución extrajudicial de seis personas y las lesiones ocasionadas a más de 40 personas, algunas de ellas de suma gravedad, constituye uno de los casos más graves de violaciones de derechos humanos en la historia reciente de México. El Sistema de las Naciones Unidas aprecia la reacción alentadora del Gobierno al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la apertura al diálogo que al más alto nivel las autoridades mexicanas han tenido con las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos y su disposición de mantener abiertas las líneas de investigación del caso como muestras del interés por buscar las mejores fórmulas para esclarecer los hechos, investigar, juzgar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Asimismo, ONU México manifiesta su reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil, particularmente al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y al Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", al Equipo Argentino de Antropología Forense y al conjunto de organizaciones sociales y la ciudadanía que desde diferentes ámbitos han venido acompañando a las víctimas de éste y otros casos de desapariciones de personas. Como parte del derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, el Sistema de las Naciones Unidas en México se une al llamado hecho por el GIEI y respaldado por varios expertos y expertas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en favor de hacer un "replanteamiento general" de la investigación de los hechos ocurridos en Iguala y esclarecer las irregularidades surgidas a lo largo de la investigación, que incluyen informaciones sobre el uso de la tortura para conseguir confesiones, alteración de evidencias, omisiones en las investigaciones y deficiencias periciales, entre otras. Asimismo, es fundamental establecer las responsabilidades de las autoridades municipales, estatales y federales que participaron directamente en los hechos o que teniendo conocimiento de los mismos no cumplieron con el deber de garantía, prevención y protección que toda autoridad tiene. Las más de 26 mil personas cuyo paradero se desconoce, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, deben alentar a todas las autoridades a asumir la búsqueda de las personas desaparecidas como una prioridad ineludible. Los efectos de la desaparición de un ser querido perduran hasta que no se esclarece su suerte o paradero, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares y allegados. Nadie debe ser sometido por más tiempo a este calvario. Los hechos de Iguala han contribuido a evidenciar los desafíos que enfrenta México en materia de desapariciones y el Estado se encuentra ante una "oportunidad histórica", como la calificó recientemente el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, para transformar la situación imperante. El Sistema de Naciones Unidas también reconoce y alienta a todas aquellas personas que desde el Gobierno y la sociedad civil trabajan incansablemente para erradicar las desapariciones y enfrentar sus consecuencias a no desistir en su empeño. Por último, la ONU México reitera su disponibilidad para seguir trabajando conjuntamente con el Estado mexicano en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas. |
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