| DIC 012025 En medio de la pandemia más devastadora del último siglo, mantuvimos las escuelas funcionando a distancia, les brindamos formación continua a más de 50 mil docentes, entregamos equipos tecnológicos y despensas, construimos nuevas aulas y, sobre todo, no permitimos que nuestros niños y jóvenes quedaran abandonados a su suerte. Hoy, al observar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y sus ambiciosas 100 acciones con miles de millones de pesos destinados a educación, no puedo evitar reflexionar sobre lo que pudo haber sido. ¿Qué habríamos logrado si hubiéramos dado continuidad y profundidad a las estrategias iniciadas entre 2019 y 2021? ¿Cuántos jóvenes podrían haber encontrado en la educación un camino alternativo a la violencia? Entre septiembre de 2021 y el inicio del Plan Michoacán en 2025, transcurrieron cuatro años cruciales. Un cuatrienio en el que la violencia en nuestro estado no cesó, en los que miles de jóvenes siguieron sin oportunidades educativas reales, en los que la infraestructura escolar continuó deteriorándose en las zonas más vulnerables. Durante mi gestión establecimos las bases: programas educativos innovadores ante la pandemia, esquemas de colaboración con el sector privado como, por ejemplo, MetLife para construir infraestructura, programas de educación ambiental y valores, así como formación docente permanente. Pero esas bases requerían continuidad, inversión sostenida y voluntad política para escalarlas. El programa "Aprende en Casa" no era solo una respuesta emergente; era una oportunidad para revolucionar el modelo educativo michoacano. Con inversión estratégica, se pudo haber equipado al cien por ciento de las escuelas rurales con conectividad y tecnología para 2023, desarrollado una plataforma educativa estatal propia con contenidos contextualizados a las realidades de Michoacán, brindado formación continua a todos los docentes en competencias digitales avanzadas y se pudieron haber creado centros comunitarios digitales en cada municipio. Para 2025, Michoacán habría sido referente nacional en educación digital inclusiva, y miles de jóvenes en comunidades remotas habrían tenido acceso a educación de calidad sin necesidad de migrar a las ciudades. La infraestructura que comenzamos a construir debió convertirse en epicentros de transformación social. Si se hubiera dado seguimiento, cada escuela habría operado en horario extendido con talleres deportivos, artísticos y culturales. Los padres de familia habrían encontrado en las escuelas espacios de especialización en el mundo laboral y formación ciudadana. Las comunidades habrían recuperado espacios públicos seguros y los jóvenes habrían tenido alternativas reales al reclutamiento criminal. Miles de jóvenes michoacanos estarían hoy ocupando su tiempo en actividades constructivas, alejados de las tentaciones de la violencia. Las escuelas habrían sido faros de esperanza en medio de la oscuridad. Nuestro compromiso que inició en 2019 con la educación ambiental en todos los niveles pudo haberse transformado en un motor económico mediante la creación de cooperativas escolares de producción sustentable, proyectos de reforestación liderados por estudiantes en las zonas más devastadas, formación técnica en energías renovables y agricultura orgánica, así como vinculación directa entre lo aprendido en el aula y proyectos productivos comunitarios. El resultado habría sido una generación de jóvenes michoacanos como protagonistas de la restauración ambiental de su estado, con empleos dignos y un sentido de pertenencia territorial. La colaboración que iniciamos con terceros institucionales, partiendo de "Educación Solidaria" debió institucionalizarse a través de un programa estatal de adopción de escuelas por el sector empresarial, vinculación entre bachilleratos tecnológicos y las necesidades del mercado laboral local, prácticas profesionales remuneradas desde el nivel medio superior y bolsas de trabajo especializadas para egresados michoacanos. Esto habría generado una reducción dramática en la migración juvenil, arraigo territorial, y empresas michoacanas con talento local calificado, elevando la cobertura escolar. Con los datos recabados durante la pandemia sobre estudiantes en riesgo, se pudo haber implementado un sistema de alerta temprana de riesgos de abandono escolar, a la vez que se pudieron haber creado redes interinstitucionales para atender casos de violencia familiar, establecido un programa de tutorías personalizadas para estudiantes vulnerables y desarrollado becas específicas para jóvenes en comunidades de alta incidencia delictiva. El resultado habría sido abandono escolar tendiente a cero por causas económicas o sociales, así como una red de contención que habría salvado a miles de jóvenes de caer en la violencia. Eso pudo ser. Pero no debe seguir esperando para volverse realidad. Menos aún, en el marco del Plan Michoacán. *Maestro en Derecho Constitucional y exsecretario de Educación en el Estado de Michoacán. |
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