ENE 022023 Al cierre del 2022 fueron 6 las universidades públicas estatales quienes requirieron recursos extraordinarios para el cierre del ejercicio y hacer frente al pago de salarios y prestaciones, destacando: la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Juárez del Estado de Durango y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el caso particular de la Universidad Michoacana no asumió compromisos nuevos que impliquen menoscabo a sus Contratos Colectivos de Trabajo, por lo que los compromisos adquiridos con el presente convenio fueron: Depósito de los Contratos Colectivos de Trabajo ante la Autoridad Laboral Competente, de tal forma que considere, como obligatorias, las prestaciones establecidas en el Anexo de Ejecución 2022, tanto para el personal de nueva contratación, como para los activos. Este compromiso ya fue cumplido por la presente administración. Se estableció continuar con las acciones de austeridad en el marco de su autonomía. Para lo cual deberán remitir a la DGESUI su Programa de Austeridad, debidamente costeado y autorizado por su máximo órgano colegiado de gobierno. Al respecto, el H. Consejo Universitario ha tomado ya las medidas pertinentes. De igual forma, remitir Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado para el 2023, el cual no deberá ser deficitario y cumpliendo en conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Disciplina Financiera de Las Entidades Federativas y los Municipios y demás normatividad aplicable. Trámite que ya fue debidamente atendido. Además, el convenio estipula presentar informes trimestrales de la aplicación del Nuevo Sistema de Jubilaciones y Pensiones, aprobado en el 2020, mismos que deberán contar por la Comisión Permanente de Presupuesto y Control del H. Consejo Universitario. Durante los últimos 4 años ha sido la constante. También, disminuir el déficit de operación mediante el uso más eficiente del gasto universitario en la Institución, con la implementación de las Disposiciones Generales para la Administración, Ejercicio y Rendición de Cuentas de los Recursos Públicos Universitarios, periodo 2023, mismo que deberá estar aprobado por el H. Consejo Universitario. Al respecto, la UMSNH lidera la disminución del déficit del sector educativo local. La institución deberá fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de que la Universidad cuente con un gobierno abierto, participativo con la sociedad y que atienda los requerimientos sociales. Durante las últimas 5 evaluaciones el órgano Constitucional facultado ha revisado la transparencia donde la Casa de Hidalgo ha sido calificada con el 100%. Y continuar con la supresión de las plazas de tiempo completo, medio tiempo o por asignaturas que sean incompatibles en horario con puestos directivos del personal que se encuentre laborando en los gobiernos federal, estatal y municipal o con plazas académicas y administrativas al interior de la propia institución. El convenio establece realizar la Implementación del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios (PAAAS), así como las Bases y Lineamientos (BALINES) en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles. Cabe subrayar que con lo anterior -y en contraste con otras universidades públicas estatales-, el contenido del convenio desaparece las dudas en torno a alguna modificación a los contratos colectivos de trabajo de los sindicatos universitarios, pues no solo necesitó menos recursos extraordinarios en 2022, sino que también dejó a la par blindados los derechos de los trabajadores académicos, administrativos y manuales de la UMSNH. Toda la información se puede consultar en https://dgesui.ses.sep.gob.mx/sep.subsidioentransparencia.mx/2022/subsidio-extraordinario/UPE, señala los convenios que fueron firmados entre la federación representada por la SEP, y los secretarios de finanzas de los gobiernos estatales. |