Perspectiva de discapacidad y justicia mercantil: resoluciones del Poder Judicial de Michoacán

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MAR
29
2025
Redacción IM Noticias Morelia, Mich. En un juicio oral mercantil, una persona demandó a una aseguradora por negarse a pagar la cobertura de robo total de su automóvil, argumentando que el asegurado no instaló un dispositivo de localización. La reclamación ascendía a $456,950.00 pesos, descontando el deducible correspondiente.
Sin embargo, un juzgado civil en Morelia determinó que la negativa de pago era incorrecta, ya que el vehículo asegurado no estaba dentro de los modelos obligados a contar con dicho dispositivo, según la propia póliza. Por esta razón, se resolvió que la aseguradora debe cumplir con el pago de la cobertura contratada, considerando el valor comercial del vehículo al momento del robo, además de los intereses moratorios.
Por otro lado, en un juicio oral mercantil sobre cumplimiento de contrato de seguro de daños tramitado ante un juzgado civil de Morelia, un condominio (por conducto de su representante legal) demandó a una aseguradora porque, a pesar de haber reportado un incendio y la rotura de cristales en uno de sus departamentos, la empresa se negó a pagar lo que establecía la póliza de seguro.
Después de un proceso legal, el tribunal determinó que la aseguradora debe cumplir con el contrato y pagar más de 105 mil 400 pesos por cobertura amparada de incendio y/o rayo a edificio y 30 mil 600 pesos por la cobertura de Rotura de Cristales, así como el pago de una indemnización por mora e interés moratorio por día.
La resolución se emitió de tal manera debido a que el condominio demostró que tenía un contrato vigente, notificó el siniestro a la aseguradora y cumplió con todos los requisitos. Como la empresa no pagó lo que correspondía, se le ordenó cumplir con sus obligaciones.
Finalmente, en un juicio sumario civil hipotecario, el mismo juzgado civil de Morelia aplicó perspectiva de discapacidad al identificar que el demandado presentaba indicios de discapacidad intelectual. Para garantizar su derecho de acceso a la justicia, se realizaron ajustes al procedimiento, como la designación de una persona de apoyo para ayudarle a comprender la diligencia y la entrega de un escrito en lectura fácil, con los datos clave de la demanda.
Como parte de los hechos, el INFONAVIT demandó el pago de un crédito hipotecario y, en caso de impago, la ejecución de la hipoteca. Sin embargo, cuando el demandado acudió al juzgado, la actuaria advirtió que podría tener una discapacidad intelectual, lo que llevó a aplicar medidas especiales para garantizar su derecho a defenderse en igualdad de condiciones.


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