NOV 152014 Menores de edad, secretarias, estudiantes, profesores, comerciantes, ingenieros, empresarios ?uno suizo?, policías, servidores públicos, jóvenes estadunidenses, y funcionarios de procuradurías de justicia forman parte de la lista de recompensas de la PGR, en la que no están incluidos los 43 normalistas de Ayotzinapa ni otros miles de expedientes que acusan familiares, activistas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG`s). Entre los casos están el de tres víctimas plagiadas de manera simultánea en 2010 en Chihuahua, cuyas circunstancias ameritaron que el asunto fuera revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como dos más que datan del sexenio de Vicente Fox. Una consulta de relación de recompensas por personas desaparecidas durante las tres administraciones federales recientes, revela que una minoría de sospechosos han sido arrestados o "identificados" por estos hechos, sin embargo nada se sabe de las víctimas. Entre los presuntos responsables están integrantes de los cárteles de Los Zetas y La Familia michoacana, líderes de grupos regionales del crimen organizado, como Luis Alfonso Guevara Guereca, El Güero Balas (relacionado con una serie de fosas clandestinas en Durango y otros estados), así como elementos de la Policía Federal (PF). Los montos de las recompensas varían entre millón y medio de pesos, 2 millones, 5 millones, 10 millones y llegan a los 15 millones de pesos, aunque en algunos expedientes se especifica que el pago se dará conforme a las víctimas encontradas, debido a que hay casos en que fueron privadas de su libertad en grupos de dos, tres, cuatro, cinco, siete y hasta ocho personas. Actualmente están vigentes 52 acuerdos para el pago de gratificaciones que involucran a 90 personas. Los casos de sexenio foxista son los de Minerva Vera Alvarado, quien fue vista por última vez en Oaxaca el 29 de abril de 2006 y el de Francisco Javier Salas Galindo, desaparecido en Xalapa, Veracruz, el 26 de agosto de 2006. Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León, Colima y Veracruz son los estados con el mayor número de personas que no han sido localizadas. Entre los casos de desapariciones en grupo destacan los de siete elementos de la PF y un civil, en Zitácuaro, de la que se responsabiliza a La Familia michoacana (noviembre 2009). Siete jóvenes, dos estadunidenses, que fueron interceptados por agentes de la Policía Federal en Colima en 2010, y desde entonces no se supo más de ellos. Cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, secuestrados del bar Los Rieles Fleteros en Monterrey (octubre 2010). Cinco personas, cuatro familiares directos, en Matamoros (2011). Cuatro víctimas, cuya desaparición se atribuye a El Güero Balas; cuatro servidores públicos de la Fiscalía de Durango (noviembre 2010). Tres jóvenes que iban a una clínica de rehabilitación en Matamoros (2010). Hay otro caso más en Hidalgo, cometido por Los Zetas (marzo 2010). En algunos de los acuerdos establecidos a partir de 2006 para el pago de gratificaciones, la PGR admitió que se fue agotando la capacidad de investigación y en consecuencia invocó a la "colaboración valiente y decidida de la sociedad" para obtener pistas sobre la ubicación de las víctimas. Mientras tanto, los familiares afrontan un limbo jurídico y emocional, pues tampoco se les puede considerar como fallecidas si no aparecen los cuerpos o restos, según lo establece la legislación. Tres responsables de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez, así como el titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, han recurrido al sistema de recompensas cuando las indagatorias no han permitido resolver los casos. Con información de Milenio |
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