ENE 102020 Bajo ninguna circunstancia los salarios devengados pueden ser condicionados a factores externos, que en este caso no tienen nada que ver directamente con el trabajo desempeñado. Como es conocido, el 21 de diciembre de 2018 el entonces rector Medardo Serna firmó con el gobierno estatal y la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP un convenio para la obtención de recursos extraordinarios y no programables por 500 millones de pesos, con los cuales pagó sueldos y salarios correspondientes a ese año. Ese acuerdo no fue conocido ni consultado en su momento por los trabajadores universitarios ni por sus representaciones sindicales; sin embargo, una de sus cláusulas, que se refiere al "fortalecimiento" del régimen de jubilaciones y pensiones, quiere ser tomada como motivo de la actual retención de salarios por el rector Raúl Cárdenas Navarro, la cual es desde todos los puntos de vista ilegal. "Es penoso, lamentable, que haya empleados que necesiten los recursos y nosotros estemos imposibilitados de hacérselos llegar, porque las cláusulas del convenio nos lo impiden", afirmó el rector el 7 de enero. Miente a los universitarios y a la sociedad, cuando el referido Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales Extraordinarios no Regularizables de 2018 no establece en ninguno de sus puntos el condicionamiento al pago de salarios. Éste ni siquiera es específico en cuanto al tipo de "fortalecimiento" que se requiere para el sistema pensionario de la universidad. Y miente también cuando afirma que los recursos financieros de la institución universitaria se han agotado, y al mismo tiempo, paga quincenas, prima vacacional y una fracción del aguinaldo a los afiliados y a quienes se afilien al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana, Stumich, que se identifica abiertamente como un agrupamiento de filiación patronal. Se trata, evidentemente, de un manejo político del gasto corriente de la universidad para forzar la claudicación de los trabajadores en un punto que, si es el caso, tendría que ser objeto de negociación en la revisión de los contratos colectivos, la cual aún no inicia. Nada justifica la retención de salarios en la que está incurriendo el doctor Cárdenas Navarro con fines aviesos. Por lo que toca al SPUM, se han hecho también pagos parciales, según el Rector y el Comité Ejecutivo General, con fundamento en un convenio depositado el mes de diciembre ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 5, en el cual el sector académico de la universidad estaría aceptando la reforma al derecho a la jubilación. El contenido concreto de ese documento es hasta hoy desconocido por las bases del sindicato. También ignoramos cuál fue el proyecto que el comité encabezado por Jorge Luis Ávila Rojas presentó ante ese órgano para la revisión del contrato colectivo de trabajo y, en particular, cómo quedaría la redacción de la cláusula 132 referida a la jubilación. Como se sabe, el XXXVII Congreso General de Representantes, convocado para el pasado octubre, no se instaló legalmente y de él no surgió, por tanto, el proyecto de contrato que deberá ser negociado el próximo 16 de febrero. Sólo con procedimientos ilegales y retorcidos que configuran una evidente extralimitación de funciones Ávila ha podido presentar documentos que política, pero no legalmente, darían pie a la modificación de nuestro derecho a la jubilación. Exigimos que los salarios y prestaciones que hoy son tomados como objeto de chantaje por las autoridades universitarias sean pagados en su totalidad y de manera inmediata a los trabajadores afiliados al SUEUM, y también los adeudos que se tienen con los académicos. Que el rector Raúl Cárdenas Navarro deje de intervenir, como lo hace con descaro y cinismo, en las organizaciones gremiales de la institución. ¡Respeto a los contratos colectivos de trabajo! ¡No a la reforma a jubilaciones y pensiones! ¡Basta de secuestrar las percepciones devengadas de los trabajadores administrativos y académicos de la Universidad Michoacana! |
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