ENE 102017 Francisco Javier Gallo Palmer, Presidente Nacional de la AMIC, precisó que el suscriptor Consejo Coordinador Empresarial, no representa a las micro, pequeñas y medianas empresas de la Industria de la Construcción que dispersan y se interrelacionan con 37 ramas de la economía en el País, ya que el CCE solo representa a algunos organismos empresariales. "El Acuerdo es un limitado intento por mitigar el efecto negativo del alza de los precios de las gasolinas en la economía de las familias, hecho de manera precipitada y sin sustento, que no refleja la realidad de la economía del país". Abundó afirmando que, esa pretendida estabilidad económica que desea mantener el gobierno federal, en realidad es inexistente ya que se aprecia que los errores de la política económica, con gastos improductivos, financiados por una enorme deuda pública, alza de impuestos, desequilibrio en el tipo de cambio, incontrolable corrupción, no puede ser expresión de una autentica estabilidad económica, de ahí que es injusto acuerden unos cuantos que sea nuevamente la sociedad la que pague los platos rotos, como ha sucedido en anteriores crisis provocadas por los funcionarios. Explicó que la propuesta para la realización de una Consulta Nacional, exige generar Foros en cada una de las entidades federativas, que permitan construir los consensos suficientes, necesarios e idóneos que garanticen propuestas específicas para una verdadera solución de las necesidades de las Mipymes de la construcción, en el actual difícil escenario económico y social que vive el país. Francisco Gallo aseveró que no existe, en el "Acuerdo" claridad en los apoyos a las Mipymes, no señala en que condiciones se tendrá acceso a los apoyos económicos; no hay directrices para impulsar la generación de empleo, ni cómo van a garantizar la transparencia en el ejercicio del gasto. "Me apena que el Gobierno Federal reconozca que no ha tenido una administración clara y transparente, y que es a partir del "Acuerdo" que implementará medidas de transparencia a cuatro años de haber iniciado su administración". Por lo anterior, en la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción proponemos: 1.- Generar una consulta nacional directa a las micro, pequeñas y medianas empresas y al sector empresarial mexicano en su conjunto, para que sean escuchadas, atendidas y consideradas, ya que ello redundará en generar propuestas y compromisos de soluciones concretas para la viabilidad y permanencia de estas Mipymes, impactando como indicador real de fortalecimiento de la economía nacional. 2.- Modificar los lineamientos de operación del INFONAVIT y FOVISSSTE, para permitir que cualquier pequeño constructor, pueda ofertar vivienda a través de los organismos sin tantas restricciones como se les impone en este momento. Los lineamientos actuales benefician a las grandes empresas, que buscan invertir sus recursos en condiciones costo-beneficio de economías de escala construyendo en los grandes núcleos de población, dejando desprotegidos los municipios pequeños donde hay poca población con dichos créditos, que no pueden ejercerlos en su lugar de residencia por no existir oferta de vivienda. 3.- Promover la inversión privada en la infraestructura básica con apoyos financieros a las Mipymes de la construcción, que les permitan participar en el desarrollo de obras en beneficio de las comunidades que no cuentan con servicios básicos, creando condiciones jurídicas a través de APP'S y PP'S que garanticen a los empresarios recuperar sus inversiones. 4.- Establecer comités ciudadanos que intervengan en priorizar las obras, analizar proyectos, verificar presupuesto reales y supervisar la ejecución concreta de los trabajos e inversiones para dar la oportunidad a la sociedad organizada de vigilar la aplicación de los recursos públicos en la infraestructura del país. 5.- Definir y hacer públicas las reglas de operación que regulen las acciones de impulso a la inversión y empleo, a través de la Banca de Desarrollo, el Fondo Nacional de Infraestructura y las Asociaciones Público Privada, con la finalidad de eliminar cualquier opacidad en los programas de apoyo de impulso a la economía de las Mipymes de la construcción. 6.-Incorporar a los testigos sociales para garantizar la transparencia de la administración pública, ampliando las posibilidades para su participación en obras desde los mil salarios mínimos y no hasta los 10 millones de salarios que representan 800 millones de pesos establecidos en la actualidad, simplificando la normatividad para obtener los registros ante la Secretaría de la Función Pública. 7.- Propiciar el ejercicio de la libertad en la sociedad civil organizada para conformar Contralorías Sociales, con la finalidad de erradicar la corrupción mediante acciones de vigilancia, seguimiento, evaluación y dictamen que permita sustentar observaciones integrales de la calidad y eficacia de la obra pública, ante la Secretaría de la Función Pública. 8.- Suprimir, de manera inmediata, las prerrogativas de los diputados federales para ejecutar obra de forma discrecional a la cual tienen derecho por 20 millones de pesos, sumando un monto total de 10 mil millones de pesos anuales los 500 diputados federales, sin satisfacer ninguna normatividad de las leyes vigentes en la materia que la haga viable. Por lo expuesto, la AMIC expresa su disposición abierta y comprometida con los grandes fines de desarrollo económico y social para coadyuvar con las dependencias del gobierno federal y demás organismos empresariales que permitan llegar a propuestas y consensos nacionales, que hagan realidad la fortaleza económica y el bienestar de las familias de la sociedad mexicana. |
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