MAR 262021 En esta visita realizada por María Esther Estiubarte Origel y Lenin Pedro Sánchez Olea, representantes de la Dirección Ejecutiva del MNPT, así como la auxiliar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Itzel Sotomayor Ocampo, constataron las mejoras en el trato y las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad, así como prevenir la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, en apego con la normativa nacional e internacional en la materia. En su intervención, la Directora General Jurídica y de Derechos Humanos, Rosario Berber Cerda, dio a conocer que el respeto pleno de los derechos humanos de las personas detenidas, también se encuentra sustentado con acciones específicas en el Plan de Persecución de Delitos y el Programa Institucional de Derechos Humanos, tal como lo ha dispuesto el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís. Durante esta visita realizada bajo los lineamientos y protocolos de prevención ante el COVID-19, la institución recibió el Informe Ejecutivo 2018 del MNPT y el diagnóstico sobre la situación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumano o degradantes en México, así como el Protocolo de Actuación de los Derechos de las Víctimas de Tortura; además del material de difusión oficial del Mecanismo, a efecto de coadyuvar en la difusión de la Campaña Nacional denominada "Cierra las Puertas a la Tortura y al Maltrato". En este recorrido también se contó con la presencia del Fiscal Especializado para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, Félix López Rosales; Adrián Moreno Ortega, coordinador de Prevención y Salud de la FGE; Sergio Alberto Martínez Ocampo, Director de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, así como Francisco Juárez Guzmán, Titular de la Unidad de Control de Internamiento. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) es la instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de la libertad en todo el territorio nacional, y entre sus funciones están las de prevenir actos que atenten contra la integridad física y mental de las personas privadas de la libertad; promover el respeto de la legalidad; impulsar el mejoramiento de las condiciones de alojamiento y alimentación digna; y proteger la satisfacción de las necesidades de las personas con requerimientos específicos en lugares de detención. |
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