NOV 152016 Raúl Morón Orozco exhortó al Comisionado Nacional de Seguridad, al Procurador General de Justicia, al Gobierno y a la Procuraduría de Michoacán, para que en el marco de sus facultades legales atiendan y ejerciten las acciones necesarias respecto a la recomendación formulada por la CNDH, sobre los hechos ocurridos el pasado 22 de mayo del 2015 en el Rancho del Sol, ubicado en el municipio de Tanhuato, Michoacán. El Legislador por Michoacán presentó el punto de acuerdo ante el Senado de la República en el que también exige se continúe con la integración las carpetas de investigación derivadas de las denuncias que presentó el Presidente de la CNDH, por presunta responsabilidad penal en contra de servidores públicos, y se ejercite acción penal en un tiempo razonable con la finalidad de establecer la verdad de los hechos y deslindar la probable responsabilidad. Morón Orozco manifestó que son muchos los casos que han ocurrido en el país que muestran el nivel de deterioro en la seguridad, administración y procuración de justicia. Afirmó: "estoy a favor de la lucha contra la delincuencia para disminuir el índice delictivo y recuperar la paz en Michoacán, sin embargo, esto no justifica los abusos y excesos en los que incurrieron las autoridades de seguridad pública que participaron en el citado operativo". El Senador de la República señaló que si bien es cierto que las instituciones de seguridad pública tienen conferida constitucionalmente la facultad de preservar la seguridad en el país, también lo es que dichas autoridades no pueden actuar de manera ilegal y arbitraria, y mucho menos sin respetar los derechos humanos tanto de víctimas como de imputados. "Los probables incriminados que se encontraban en el Rancho del Sol en Tanhuato, debieron ser procesados conforme a los principios de presunción de inocencia y debido proceso. Al no haber sido así, quienes participaron en dichos acontecimientos incurrieron en responsabilidad, en consecuencia, deben ser sujetos a procedimientos administrativos y penales por sus actos ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones", argumentó. "Sin duda, estos actos arbitrarios e ilegales de las autoridades que participaron en el operativo y en el proceso de investigación oficial de los acontecimientos es indignante y deteriora aún más la credibilidad en las instituciones oficiales para la administración y procuración de justicia. Lo más lamentable es que esto se está volviendo una práctica reiterada en México, con la permisión y complicidad oficial, lo que lacera la dignidad humana y el Estado de derecho, sin consecuencias para los responsables y sin que el Estado mexicano actúe sistemáticamente bajo las premisas del respeto a los derechos humanos", finalizó. |
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