JUL 202014 Cinco denuncias por privación de la libertad y la petición de intervención directa de la PGR dio como resultado el operativo que ha permitido que 167 menores a la fecha hayan regresado a sus entidades informó el gobernador sustituto, Salvador Jara Guerrero y la directora del DIF Nacional, Laura Vargas Carrillo, respectivamente en su segunda gira de trabajo para atender el caso de la Casa Hogar, "La Gran Familia" en Zamora Michoacán. El mandatario estatal dio a conocer sobre la visita que recibió del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para conocer los avances en el tema la noche del pasado viernes. Vargas Carrillo dio cuenta que aún se revisa la situación legal de 341 niños, niñas y adolescentes, así como la procuración de tenerles un espacio digno para poder hablar de su traslado en la siguiente semana. Detalló que 48 niños fueron entregados a Guadalajara, en el estado de Jalisco, 19 más de esa entidad se analiza su situación, para el estado de México 54 fueron conferidos, de los cuales 48 son menores y 6 adultos, 14 más a Guanajuato Jara Guerrero desconoció si existían denuncias previas, pero reiteraría que se seguirá la revisión a albergues sin caer en cacería. El titular de la SSM, Carlos Aranza, abundó que se han realizado 120 consultas médicas y entre los padecimientos más comunes se encuentran gastritis, infecciones gastrointestinales, dermatitis, así como heridas de la piel y desnutrición en diversos grados. Mientras la directora del DIF estatal de Michoacán, Ana Compeán afirmó que las lesiones descubiertas en menores son un padrón de conducta que se les detectó a los infantes. El ejecutivo estatal desconoció de la posible liberación de la directora de la Casa Hogar, Rosa Verduzco denominada "Mamá Rosa", así como la firma de actas notariadas y el contenido de estas sí se trataba acuerdos para patria potestad, alimentos o tutela de los niños. Mientras que para los adultos en el lugar expuso que se hará una revisión de capacitarlos en alguna labor y proporcionarles un empleo, así como ver los programas federales y estatales de asistencia social a los cuales los podrían inscribir. Salvador Jara recordó que el inmueble en el que se encuentra el albergue es una propiedad privada y previó no se podrá hacer cosa alguna en él. Asimismo dieron cuenta que sigue la revisión de los documentos de identificación personal e identidad de las casi 600 personas y archivos escolares que se encontraron tirados en el suelo. |
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