ENE 122016 Por ello, reiteró que se revisará de manera puntual y a fondo que los recursos del órgano implementador del plan estratégico de transición en materia de Seguridad sean aplicados con transparencia para vigilar que se utilice para la liquidación de los trabajadores y para los fines que este procedimiento conlleve. Recalcó que el área administrativa del despacho del ex gobernador Salvador Jara, debió establecer las bases para llevar a cabo las acciones administrativas y legales necesarias inclinadas a la extinción del órgano implementador, por lo que debió de coordinarse con las diferentes dependencias y entidades que se requiriese para determinar las medidas o acciones que permitieran dar continuidad a la ejecución, seguimiento y cumplimiento de los programas, convenios y contratos celebrados con el organismo que se extinguió. La funcionaria estatal aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública debió proveer lo necesario ante ésta Secretaría de Contraloría, para que los recursos asignados a la UPP 86 sean establecidos para concluir los procedimientos de extinción necesarios, administrativos y legales para la transferencia de los recursos y materiales. |
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