MAY 052014 Ante el "grave incremento de agresiones y homicidios" contra periodistas, el Senado de la República exhortó a los gobernadores y al jefe de gobierno del Distrito Federal a dar cabal cumplimiento a los compromisos derivados de los Convenios de Cooperación con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas" y a la administración de Enrique Peña Nieto, a "informar sobre las acciones acordadas por la Junta de Gobierno para instrumentar los cambios y dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley" en la materia. El llamado del Senado de la República, tiene como antecedente las denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se advierte que del 1 de enero de 2000 y el 31 de julio de 2013, se registraron un total de 842 expedientes de queja, relacionados con violaciones a garantías cometidas en agravio de periodistas y medios de comunicación. Y no sólo ello, sino que además, 25 de las 176 recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas al Estado mexicano son en materia de protección a defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas. En el comunicado de prensa del Senado de la República también se conmina a los mandatarios locales a crear fiscalías especializadas para la atención de los delitos cometidos contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, ya que la cantidad de asuntos resueltos por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión ha sido limitada. "Mientras la impunidad prevalezca, será muy difícil revertir la preocupante situación de violencia reiterada y sistemática que atraviesa el periodismo en nuestro país," señala el documento. Por ello resulta necesario que las instituciones de procuración de justicia de cada entidad federativa cuenten con entidades que se especialicen en la investigación de este tipo de ilícitos. Por otra parte, se solicitó a la Secretaría de Gobernación informar sobre las acciones acordadas por la Junta de Gobierno para instrumentar los cambios y dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. |
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