AGO 132013 Es muy importante destacar que se pretende que el acervo petrolero se convierta en la base del desarrollo a largo plazo y deje de ser una fuente de recursos sólo para resolver las necesidades cortoplacistas, lo que garantiza la construcción de un mejor futuro para nuestros hijos y los hijos de éstos. La celebración de contratos de utilidad compartida, permitirá incrementar la producción y sus niveles de eficiencia, para pasar de un promedio de 2.5 millones de barriles diarios, a 3 millones en el año 2018, lo que implica mayores ingresos a las arcas nacionales para el financiamiento de obras de infraestructura que estimulen la economía nacional y con ello, el bienestar de todos los mexicanos. Otra parte importante de la propuesta que merece destacarse, se relaciona con la transparencia y rendición de cuentas en obras, adquisiciones y contratos de utilidad compartida y que garantizaría el acceso de los mexicanos a la situación financiera de la paraestatal, para una mayor vigilancia de su funcionamiento. Por lo que se refiere a la Comisión Federal de Electricidad, la participación de particulares en la producción de este recurso, permitirá una mayor oferta de electricidad y a menor costo para beneficio de todos los usuarios, además de impulsar un mayor desarrollo tecnológico de energías limpias como la eólica y la solar. Con todo ello, los principales beneficiarios de las modificaciones constitucionales en materia energética serán los mexicanos que verán ese beneficio traducido en mejores condiciones de vida y mayores oportunidades de desarrollo en los temas del empleo y el acceso a mejores oportunidades. La reforma energética es un paso trascendental en el camino del desarrollo, sin que se afecten los principios sustanciales de nuestra Carta Magna, ya que el Estado mexicano seguirá administrando el patrimonio petrolero que pertenece a todos los mexicanos. Es de interés prioritario mantener a la nación como la única dueña de las reservas petroleras, tal como se estableció el 18 de marzo de 1938, cuando el Presidente Lázaro Cárdenas del Río reivindicó esta riqueza en provecho de todos los mexicanos. De este modo, Petróleos Mexicanos continuará siendo la gran empresa que ha sido, dentro de una nueva perspectiva de organización, que sirva de palanca de progreso de la nueva política industrial mexicana. Se trata de lograr mejores precios en los energéticos en beneficio de los mexicanos y de nuestra economía, mejorando esencialmente la competitividad. La propuesta energética del Presidente Peña Nieto, ratifica que la propiedad y el dominio directo del petróleo y de todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, son y seguirán siendo de la Nación. Consecuentemente, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, se solidariza con la reforma energética que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, para dotar al Estado mexicano de un marco constitucional que responda a los retos que enfrenta nuestro país en la materia, manteniendo intactos sus derechos de propiedad y rectoría, pero con un mejor aprovechamiento de sus recursos naturales y la participación de los sectores social y privado en actividades productivas. El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo comparte estos principios fundamentales, e invita a todos los actores de la vida política, social y económica, a examinar con objetividad los planteamientos contenidos en la propuesta del Presidente Peña Nieto, a fin de que al término del debate que se entable, prevalezca el interés supremo de la República y emprendamos en la unidad y en los acuerdos una nueva etapa que impulse sólidamente el crecimiento de la nación. |
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