ENE 142014 La inequidad que cada día crece más entre el ciudadano común y quienes forman el gobierno del país en materia de salarios y obligaciones fiscales, hace evidente la urgencia de establecer una Reforma al Sector Público. Así lo expuso Jorge Bucio Lemus, presidente del Consejo Mexicano para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Comdepyme), al término de la sesión de trabajo en la que se desarrollaron dos ponencias que abordaron el tema de la Reforma Fiscal 2014, y su impacto para los empresarios de todo el país. Ante los cambios nacionales para establecer un sistema tributario y financiero más agresivo y con menor capacidad para incentivar la inversión privada, dijo, nos preguntamos si los actores políticos ya pensaron también en la urgencia de impulsar la Reforma del Sector Público, debido que a las grandes asimetrías en salarios, prestaciones, obligaciones y sanciones, son el caldo de cultivo que hospeda la pobreza, violencia y descomposición del tejido social que hoy cabalgan en Michoacán y por todo el país. Con la participación de Ignacio Zamudio Méndez, Sub Administrador de Asistencia al Contribuyente del SAT en Morelia y del M. F. Domingo Ruiz López, con la ponencia Reforma Fiscal 2014 y su Impacto a los micro pequeños y medianos empresarios, los socios del Comdepyme conocieron de las ventajas y desventajas de las nuevas disposiciones para la recaudación y tributación que se instruye a partir del presente año. Durante el desarrollo de la sesión, se vaticinó que se presentarán unos 50 mil juicios de amparo y demandas contra disposiciones que violentan, en algunos casos, tratados internacionales y en otros la Constitución mexicana. La reforma se comentó, tiene problemas con el principio de equidad, aplicación de sanciones en forma retroactiva, difamación de personas ya que atentan contra la imagen y derechos con la famosa lista negra del fisco, entre otros. Al término del encuentro, el líder del consejo Jorge Bucio Lemus expresó su seria preocupación respecto a la enorme discrepancia entre lo que el ciudadano común está obligado a cumplir, con amenaza hasta de cárcel, contra los malos manejos, burocracia, ineficiencia y hasta indignante forma en que se utiliza y aplica el dinero recaudado. Consideró que hay estados de excepción para atender los serios problemas que generan las entidades de gobierno en las economías locales, ante el mal comportamiento de administraciones públicas irresponsables, quienes sí pueden, evadir el pago de las retenciones de impuestos de sus trabajadores a las federación, sin siquiera ser cuestionados y mucho menos aplicarles las sanciones del Código Fiscal o incumplir con el pago de sus obligaciones con la iniciativa privada, o más aún, realizar las mismas en forma selectiva mediante "acuerdos" con grupos o particulares afines a sus proyectos. También se auto-designan sueldos indecoros, como son la gran mayoría de los alcaldes que sin el mínimo de recato se asignan sueldos y prestaciones ofensivas o el reciente caso conocido del Rector de la UMSNH, que percibe un salario similar que el mismo presidente de la República. Pero aun más ofensivo, reiteró, es que la ineficiencia voluntaria o involuntaria de las autoridades genera problemas fiscales y financieros a las empresas, cuando sus créditos con ellas son casi incobrables, poniendo en riesgo la planta productiva, mientras ellos navegan en las aguas tranquilas de las sanciones administrativas irrisorias y eso en caso de que se aplique alguna. Es por ello, insistió, es tiempo de que los legisladores, hagan un acto de reflexión y en un esfuerzo de congruencia, dejen a un lado la conveniencia política y financiera, para analizar de fondo lo que ocurre en el sector público y pongan a nuestros representantes en la mesa fiscal, al igual que el resto de los ciudadanos. Les recordó a algunos diputados que muchos de ellos han ingresado o provienen del sector privado y como "empresarios" deben ahora estarse lamentando dado el impacto de lo que han apoyado y firmado. No hemos visto en ningún informe de diputados y senadores algún indicio o intento de informar sobre sus ingresos y declaraciones fiscales. Urge, enfatizó, la Reforma al Sector Público, que permita escudriñar el comportamiento y manejo de todos los funcionarios de cualquier nivel de gobierno, no sólo en materia de ética laboral, sino en materia fiscal que les impida darse bonos, nominas confidenciales, "apoyos" financieros o legislativos o esos salarios exorbitantes, que muchas veces obtienen sin contribuir al erario publico o habiendo sido pagados con cargo a la propia institución pública a la que pertenecen. Hizo un llamado a las autoridades fiscales a que dejen a un lado el miedo a los diputados, pues si bien ellos presionan con autorizar o no los presupuestos deben, por derecho y ética, tributar y explicar sus ingresos igual que todos los mexicanos. Con respecto a las ponencias de los invitados, el empresario reconoció algunos beneficios y garantías que la nueva reforma ofrece al sector privado, sin embargo, recordó que los empresarios en Michoacán, están actualmente en etapa de supervivencia y que estas disposiciones fiscales y recaudatorias atentan contra la generación de empleo y por tanto tensará más la desintegración del tejido social que ya prevalece en forma alarmante en el estado. Para el especialista Domingo Ruiz, hay que estar al pendiente con el principio del mínimo vital que se consagra en los derechos humanos, pues si bien es cierto que las autoridades buscan localizar a los evasores, hay millones de mexicanos que carecerán de la capacidad financiera para adquirir un equipo de cómputo, pagar a un contador y en el peor de los casos tener el mínimo de conocimiento y tecnología como es la cobertura de Internet. Aún así hay buenas noticias en materia de cómo las autoridades realizarán actos cuando encuentren alguna causa probable de evasión, reconoció, ya que ya no habrá embargos a cuentas bancarias sin realizar un proceso adecuado, los acuerdos ante la PRODECON (Procuraduría de la Defensa del Contribuyente) deberán ser respetados por las autoridades del SAT, aunque no estén de acuerdo con el fallo que será definitivo, y en materia de embargos a una empresa entre las primeras acciones están las cuentas por cobrar institucionales o privadas, antes de sancionar las cuentas bancarias de los contribuyentes. Por último, recordó que las condiciones que prevalecen en el estado de Michoacán son más complicadas, si a ello se la suma el conflicto en materia de seguridad pública, lo que esta generando fuga de capitales hacia otras entidades y el extranjero. Por parte del SAT, Zamudio Méndez recordó que para muchos empresarios conocidos como Repecos existen beneficios que les ayudarán a poder regularizarse en un promedio de 7 a 10 años, pagando gradualmente sus impuestos, además las medidas expuestas por las autoridades permitirán apoyo directo a sus necesidades para buscar las mejores soluciones y alternativas. El funcionario recordó las acciones y acuerdos que las autoridades realizan para mejorar el sistema recaudatorio y evitar la evasión fiscal, pues uno de los intereses en que se incremente el padrón de contribuyentes, al facilitar el registro y permitir que los informales puedan ingresar a los beneficios laborales y sociales que conlleva formar parte del sector formal productivo en México. |
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