ABR 102025 Ante la problemática que afecta directamente la gestión de los recursos públicos en Michoacán, la diputada local propone la adición al catálogo de faltas administrativas no graves y al artículo 254 del Código Penal, para combatir la corrupción y establecer sanciones. Las sanciones propuestas por la diputada Xóchitl Ruiz incluyen prisión, multas, destitución e inhabilitación y también con esta reforma se busca proteger la autonomía municipal y promover la transparencia en el uso de los recursos públicos. Hizo mención que se busca evitar que servidores públicos condicionen la entrega de recursos a municipios a cambio de compromisos político-electorales o convenios no establecidos en la ley. Actualmente, se han identificado casos en los que se exige la suscripción de convenios, y acuerdos como condición para la entrega de recursos, lo cual contraviene las leyes, reglamentos y reglas de operación aplicables. La diputada Xóchitl Ruiz González propone adicionar el catálogo de faltas administrativas no graves para sancionar a servidores públicos que impongan condiciones ilícitas. Además, se propone tipificar el delito de condicionamiento ilícito de recursos públicos, con sanciones que incluyen prisión de tres a nueve años, multas de 700 a 1,500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), destitución del cargo e inhabilitación para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de cinco a quince años. "Se busca lograr una gestión más transparente de los recursos públicos, asegurando que su entrega a los municipios se realice sin condiciones ilícitas. También busca desincentivar a los servidores públicos de incurrir en prácticas que impliquen el condicionamiento ilícito de recursos, especialmente en contextos político-electorales". Con esta reforma al aprobarse, se apuesta al desarrollo más equitativo en el estado, beneficiando a las comunidades que dependen de estos fondos para infraestructura, educación y salud. La diputada Xóchitl Ruiz González afirmó que la iniciativa es un paso importante para garantizar la transparencia y la equidad en la distribución de recursos públicos en Michoacán. "Es fundamental que los servidores públicos actúen con integridad y que los recursos públicos se destinen a su propósito original, sin condiciones que vulneren la autonomía de los municipios", señaló. |
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