Las irregularidades del proceso judicial contra Florence Cassez son de tal gravedad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene más alternativa que dejarla libre, aun cuando no haya claridad sobre si son verdaderos o falsos los cargos de secuestro por los cuales fue sentenciada.

Lo anterior fue afirmado por diversas organizaciones de derechos humanos, que el 27 de febrero del año pasado elaboraron un amicus curiae (documento que un tercero involucrado puede enviar a un juez para coadyuvar a tomar una mejor decisión sobre determinado tema) para argumentar en favor de la liberación de la ciudadana francesa.

Con miras a la sesión de este miércoles, donde la SCJN discutirá un proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero para liberar a Cassez, las mencionadas organizaciones volvieron a difundir el texto del amicus curiae, donde se sostiene que nadie puede ser sentenciado con base en pruebas obtenidas al margen de la ley, siendo exhibido ante los medios como culpable y sin asistencia consular efectiva y oportuna.

"Las violaciones al debido proceso son de tal gravedad que se debe dejar libre a Florence Cassez. Si se excluyen dos testimonios que la incriminan y se considera la presunción de inocencia por toda la cuestión del montaje mediático en su contra, se debe dictar sentencia absolutoria", explicó Octavio Amezcua, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en entrevista con La Jornada.

"Lo más grave es que en la opinión pública en general ya hay ideas preconcebidas sobre si es culpable o inocente, pero el proceso jurídico fue tan manipulado que es imposible saber el grado de responsabilidad de Cassez. Hay que hacer valer el principio de presunción de inocencia y liberarla", indicó.