La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) presentó datos de prueba objetivos y contundentes que permitieron obtener vinculación a proceso en contra de Víctor Hugo "N", elemento de la Policía Municipal de Ario, por su presunta participación en los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y secuestro agravado, cometidos contra cuatro personas en el municipio de Salvador Escalante.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 4 de octubre, cinco unidades de la Policía Municipal de Ario circulaban con dirección de Santa Clara del Cobre hacia Zirahuén, y al transitar por la calle Lázaro Cárdenas se encontraron con las víctimas que viajaban en una camioneta Cadillac Escalade.

Los agentes detuvieron la unidad bajo el argumento de realizar una supuesta inspección de rutina y solicitaron a los ocupantes descender del vehículo. El copiloto atendió la indicación, mientras que la conductora Gabriela Andrea F., puso en marcha la unidad. Ante ello, los policías municipales abrieron fuego contra la camioneta, provocando que la unidad saliera del camino y sus pasajeros resultaran lesionados.

Enseguida, se aproximaron los elementos municipales, junto con al menos una persona que viajaba en una camioneta doble cabina, y una persona aun sin identificar disparó contra Gabriela Andrea F. y Raymundo, privándolos de la vida en el lugar.

Mientras tanto, uno de los tres acompañantes de la mujer fue privado de su libertad, golpeado y torturado por los policías municipales, quienes lo liberaron hasta el día siguiente.

Estos hechos fueron investigados por la Fiscalía Especializada en Feminicidios, que reunió datos de prueba contundentes sobre la posible participación de Víctor Hugo "N". Con base en ello, un Juez de Control obsequió la orden de aprehensión que ya fue cumplimentada, por lo que el servidor público fue internado en el Centro Penitenciario de Alto Impacto.

En la audiencia, el órgano jurisdiccional tras analizar los datos de prueba aportados, emitió auto de vinculación a proceso; le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.