| DIC 102025 El dicho acuerdo es violatorio de diversos ordenamientos jurídicos medioambientales. El primero de ellos es el relacionado con el derecho humano a un medio ambiente sano, incluido en el 4° constitucional, cuyas disposiciones buscan garantizar para todos la conservación de aquellos patrimonios naturales que hacen posible el acceso al agua y la disponibilidad de los servicios ambientales que generan los bosques y por ende son garantía para la existencia humana. El contenido del acuerdo, que jamás fue consultado con la sociedad mexicana, como lo prevé la ley, sólo con productores de aguacate, trata de imponer la subjetividad de que en Michoacán no ha habido cambio de uso de suelo de 2019 hacia atrás, al menos desde la competencia jurídica. Pasa por encima de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en sus artículos 93, 94 y 157, colocándose este acuerdo administrativo por arriba de la constitución y de las leyes generales que lo reglamentan. La contradicción con ordenamientos jurídicos superiores, en este caso con derechos humanos bien establecidos en las leyes nacionales y los acuerdos internacionales, es evidente. La promoción de este acuerdo por la propia Semarnat, que debe ser la institución que salvaguarde el derecho humano ambiental y por ello protectora de nuestros bosques, es francamente reprochable porque en el fondo lo que hace es subordinar a esta institución ante los sectores productivos que han destruido los bosques michoacanos y sus ecosistemas para lograr ganancias para unos cuantos. El amparo contra este Acuerdo Administrativo se ha interpuesto por más de 30 sujetos jurídicos, entre ellos por el Consejo Estatal de Ecología de Michoacán a través de su presidente, Vicente Estrada. El argumento es preciso, se reclama el "interés legítimo directo en la defensa del marco legal ambiental, toda vez que el acto impugnado afecta su capacidad institucional para ejercer sus atribuciones legales y representa una omisión y actuación que vulnera el principio de legalidad, la participación ciudadana y el derecho humano a un medio ambiente sano." La gestión del Acuerdo Administrativo se hizo y se pactó en las sombras en un contexto singular: la tensión con Estados Unidos sobre la viabilidad del Tmec y la violación mexicana, reiterada, del capítulo 24 referido al medio ambiente y en particular a la cuestión de la sostenibilidad, la protección de la fauna y la flora silvestres, la deforestación y los usos insostenibles del agua; preceptos que deben cumplirse para los productos comercializados en el marco del Tmec, es decir, que el comercio debe promover la sostenibilidad. Es lamentable que las instituciones ambientales mexicanas se presten para lavarle las manchas de ecocidio y crimen a los sectores productivos que, en el caso de Michoacán, han exterminado en 30 años más de la mitad de sus bosques. Y sin nada a cambio, ni restauración ni remediación, y tampoco sin un estudio del impacto ambiental que esas actividades le han ocasionado a Michoacán por más de 30 años; lo que ha derivado en pobreza de bosques, crisis hídrica, cambio de patrones climáticos, desplazamientos humanos, propagación de enfermedades y pobreza económica. El actual oficialismo ha sido duro en sus críticas contra la economía neoliberal, sin embargo, el Acuerdo Administrativo contra los bosques, es una perla depurada de neoliberalismo pues ha sido pensado y pactado para el mercado y la ganancia a costa del derecho humano y a costa de los ecosistemas. La desregulación es la tendencia que se está imponiendo en materia ambiental para permitir negocios insostenibles. Pretender borrar más de 30 años de cambio de uso de suelo en Michoacán con solo recategorizar la realidad es un absurdo. La realidad estará ahí, las plataformas globales con información histórica sobre la condición de bosques no podrán ser borradas por la Semarnat. Quienes revisen el Tmec, hoy o mañana, encontrarán que, a pesar de la recategorización subjetiva de la Semarnat, los consumidores en el mercado estarán comprando aguacates procedentes de tierras deforestadas. El amparo que se ha gestionado por el COEECO y más de 30 personas es un acto de resistencia jurídica legítima, que busca hacer respetar la constitución, las leyes ambientales reglamentarias y el compromiso de progresividad de quienes legislan y aplican la ley. Permitir un acuerdo administrativo así supone alentar los delitos ambientales en aras de la ganancia y colocar en la irrelevancia y la banalidad el derecho a un medio ambiente sano. La ruta de la defensa del derecho ambiental mexicano, si hay necesidad, tendrá que llegar a los tribunales internacionales competentes. Si a un acuerdo administrativo lo colocan por arriba de la constitución, lo que sigue será firmar cualquier acuerdo secundario para violar las leyes que se le antojen al poder en turno y dar contento a los amos del dinero. |
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