NOV 152012 Después de que cuatro personas fueran masacradas en una boda celebrada el martes 13 de los corrientes, en el poblado de Cungo, en el municipio de Salvador Escalante, tres de ellas rematadas por gatilleros de camino a un hospital, este jueves comuneros de Paramuén llegaron hasta las instalaciones de la Subprocuraduría Regional de Morelia, en esta capital, donde entregaron a ocho policías y un civil que tenían retenidos, entre ellos dos hijos del director de Seguridad Pública de aquella localidad, a quienes acusan de estar relacionados con dicho crimen. Luego de intensas negociaciones con personal de la Secretaría de Gobierno, los pobladores de Paramuén decidieron entregar a los ocho uniformados y un civil que tenían retenidos desde que ocurrió la balacera, toda vez de que los señalan como los probables responsables de estos hechos violentos, entre los cuales están siete hombres y dos mujeres; uno de los oficiales municipales y el sujeto que no lo es son los dos hijos del comandante de la Policía de Salvador Escalante. De esta forma, se supo por fuentes allegadas a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que las autoridades estatales dialogaron por largas horas con los indígenas a fin de que les entregaran a los uniformados y al ciudadano que tenían privados de su libertad, ya que les señalaron que estaban incurriendo en un delito. Fue así que los lugareños entraron en razón, pero pusieron como condición de que ellos mismos entregarían hasta esta ciudad a los supuestos responsables del tiroteo y para esto solicitaron un autobús que fuera resguardado por policías federales. Así pues, dicho ómnibus arribó a la PGJE cerca de las 18:00 horas, con cerca de 50 comuneros, quienes entregaron a la autoridad competente a los nueve sospechosos. Al respecto, se conoció que los supuestos inculpados solo fueron declarados ante el agente del Ministerio Público, asentándose una Constancia de Presentación de Personas, además de que fueron certificados por un médico legista a fin de saber si tenían alguna lesión en sus cuerpos y si estaban bien de salud. Asimismo, trascendió que estas personas obtendrían su libertad luego de realizar su formal declaración ministerial, ya que nada se puede comprobar en su contra hasta que no se determine a través de las investigaciones pertinentes su probable responsabilidad o no en la ya famosa balacera de la boda de Cungo. En este sentido, los comuneros de Paramuén ofrecieron al fiscal del fuero común entregarle videos donde se observa aparentemente a los supuestos hechores en el instante del tiroteo, los cuales dijeron aportarán para esclarecer el caso. Igualmente, varios indígenas también declararon ante la representación social, como los testigos de este crimen y por ello y por temor a represalias pidieron ser escoltados por la Policía Federal de caminos a sus hogares, junto con sus demás compañeros. Cabe mencionar que en todo momento, los paramuenses impidieron el trabajo de los periodistas, a quienes con amenazas obligaron a borrar sus fotografías y sus videos, sin que ninguna autoridad hiciera algo para impedir esta acción en contra de la libertad de expresión. |
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