| JUL 082025 Antecedentes: A lo largo del siglo XX, el concepto del Estado benefactor o Estado asistencial se consolidó como una de las grandes apuestas de las democracias modernas para enfrentar la pobreza, las desigualdades estructurales y las injusticias sociales. En esencia, este modelo parte del principio de que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar ciertos niveles de bienestar social a todos los ciudadanos, en particular a los sectores más vulnerables, mediante programas públicos en áreas determinadas. El Estado benefactor a diferencia del Estado liberal clásico, que limitaba su papel a garantizar seguridad y derechos civiles, interviene en la economía y en la distribución de la riqueza para asegurar, nuevamente en teoría, el acceso a servicios básicos y reducir la desigualdad. Las raíces del Estado benefactor se remontan a fines del siglo XIX en Europa. Uno de sus pioneros fue el canciller alemán Otto von Bismarck, quien implementó en la década de 1880 los primeros sistemas de seguridad social (pensiones, salud y seguros por accidentes laborales) con la idea de contener el avance del socialismo y garantizar la estabilidad del sistema. Después de la Gran Depresión de 1929 en los EUA, muchas democracias occidentales adoptaron medidas económicas intervencionistas para combatir el desempleo y la pobreza. El New Deal impulsado por Franklin D. Roosevelt es un ejemplo emblemático. Pero fue tras la Segunda Guerra Mundial cuando el modelo benefactor alcanzó su apogeo, especialmente en Europa occidental, con el surgimiento de sistemas de bienestar consolidados en países como Suecia, Reino Unido o Francia. Durante la década de 1980, importantes figuras de la política como Margaret Thatcher y Ronald Reagan promovieron un retroceso del Estado benefactor, argumentando que generaba dependencia, ineficiencia y déficits fiscales. Sin embargo, muchos países conservaron las estructuras básicas de protección social, y así han seguido hasta la fecha. En México, el Estado benefactor nunca se consolidó plenamente como en Europa, pero sí ha tenido algunas expresiones importantes como la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1943 lo que marcó el inicio de un sistema de protección laboral y médica para los trabajadores formales. Más tarde surgirían instituciones como el ISSSTE y el INFONAVIT. Pero en México las cosas tienen otro matiz, aquí el asistencialismo ha estado marcado por una dualidad: por un lado, la necesidad genuina de atender la pobreza estructural; por otro, su utilización con fines políticos y clientelares. Con programas como Progresa, Oportunidades y luego Prospera (en los años 1997–2018) que nuevamente en teoría buscaban romper el ciclo perverso de la pobreza mediante apoyos condicionados a la salud y la educación algo se logró, pero al final las evaluaciones internacionales reconocieron sus pobres avances y la total burocratización de su aplicación. Con el cambio (¿Retroceso?) de gobierno federal en 2018, se reconfiguraron los programas sociales , con diversos nombres, y nuevamente en teoría, con menos intermediarios. Pero el asunto , como era de esperarse, no terminó bien, numerosos analistas y organizaciones han señalado que muchos de estos programas se han convertido en meros instrumentos de compra de votos. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2018 y 2022 la pobreza se redujo marginalmente, pero el número de personas sin acceso a servicios de salud aumentó dramáticamente. Es decir, la asistencia monetaria no ha logrado , ni de lejos, compensar el brutal deterioro de servicios públicos fundamentales y sus terribles consecuencias para la vida diaria del mexicano. Una gran interrogante es si el modelo actual de programas asistenciales en México puede sostenerse. El panorama no es alentador. El presupuesto público está cada vez más comprometido, con una alta proporción destinada al pago de pensiones, subsidios directos y servicio de la deuda. Al mismo tiempo, la base tributaria es reducida: menos del 17% del PIB se recauda en impuestos, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE. Por donde se le vea el financiamiento de estos programas será cada vez más difícil. Además, si no se acompaña de políticas efectivas de empleo, educación de calidad, salud pública y fortalecimiento institucional, solo se generará una dependencia social que puede volverse crónica y terminará por dañar aun mas al país. Conclusión: El "bienestar" es solo una promesa vacía en tiempos electorales. Alejandro Vázquez Cárdenas |
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