NOV 012023 Los Fideicomisos, al no estar sujetos a la misma supervisión y regulación que el presupuesto que se dedica a las instituciones públicas, han sido propensos a la falta de transparencia y opacidad. Los 13 instrumentos en cuestión, han incrementado sus montos basados en una estrategia mediante la cual, se generaban subejercicios permanentes y se depositaban en ellos los remanentes a manera de ahorro. Seis de estos Fideicomisos se han mantenido prácticamente sin movimiento, salvo por los intereses que generaban en los bancos. Los fines de estos eran cuestionables, ejemplo de ello, era uno que se utilizaba para el pago del mantenimiento de las casas de magistrados y jueces, donde había disponibles 76.5 millones de pesos. A junio pasado, en esos 13 instrumentos se habían acumulado 15 mil 434 millones de pesos, de los cuales no todos los fondos serán devueltos en automático a la Tesorería, puesto que antes de su extinción, deben cumplirse todas las obligaciones previstas en los contratos celebrados, con esto, no se violentará ningún derecho laboral adquirido. De igual forma, los fondos restantes no desaparecerán, sino que se incorporarán al presupuesto federal, lo que permitirá un mayor control, supervisión y direccionamiento de los recursos. Un punto fundamental que se ha discutido es la preocupación por el impacto que la extinción de los Fideicomisos pueda tener en los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial. Sin embargo, es importante destacar que la medida no afectará negativamente los derechos de estos, ya que los fondos podrán destinarse para garantizar el bienestar y los derechos del conjunto del pueblo trabajador, evitando que se destinen 230 millones de pesos para que solo unos cuantos tengan seguros médicos privados onerosos, en detrimento de las instituciones de salud pública que nos beneficia a todas. La extinción de estos Fideicomisos no es un acto aislado, sino parte de un esfuerzo que durante 5 años hemos realizado en el Senado para eliminar las opacidades, los gastos suntuosos y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. Esta decisión representa una oportunidad valiosa para redirigir el presupuesto a proyectos que beneficien a la sociedad en su conjunto, en áreas tan cruciales como salud, educación, seguridad social, infraestructura y seguridad pública. Finalmente, nunca antes se habían implementado reformas legislativas para garantizar que los derechos laborales sean respetados, esto refleja el firme compromiso de la Cuarta Transformación con el bienestar de las y los trabajadores. Continuaremos trabajando para construir un país más justo y equitativo. |
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