OCT 242025 Destacó la exigencia de la CRT, para que el gobierno del estado de Michoacán, la Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial y el Instituto del Transporte, dejen de proteger intereses particulares y actúen con responsabilidad y equidad. La movilidad no puede seguir siendo rehén de acuerdos políticos ni de monopolios disfrazados de estudios técnicas, "la movilidad es un derecho humano, no un negocio. Morelia necesita juticia, equidad y servicio para todos". El lider transportista especificó que, las declaraciones del dirigente de la Corporación Michoacana de Transportistas de Pasaje Suburbano y Foráneo (COMIT), Marco Antonio Saucedo en las que asegura que "no existe necesidad de más transporte público en Villas del Pedregal", expresamos nuestro más enérgico rechazo y profunda preocupación dijo. Y en el mismo contexto añadió, que no se puede seguir tratando la movilidad de miles de ciudadanos como si fuera propiedad privada de un solo grupo transportista o el resultado de acuerdos políticos, cuando se trata de un derecho humano reconocido por la Constitución y especificó que: 1. La movilidad es un derecho, no un privilegio La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 4°, reconoce el derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad e igualdad. Por tanto, ningún grupo concesionado ni autoridad puede restringir o decidir de manera discrecional quién puede o no prestar el servicio en una zona urbana. El transporte público es un servicio de interés general, no un negocio exclusivo ni una concesión eterna para unos cuantos. 2. La realidad desmiente el discurso oficial Los habitantes de Villas del Pedregal, La Hacienda, Villa Magna, Villas de la Maestranza, Campo Nubes y demás fraccionamientos del poniente padecen diariamente un servicio deficiente, con unidades saturadas, falta de continuidad y tiempos de espera excesivos. Las familias deben pagar hasta seis diferentes transportes para llegar a su destino, lo cual golpea directamente la economía popular. Decir que "el servicio está cubierto" es negar la realidad diaria de miles de ciudadanos que esperan por horas o viajan colgados, arriesgando su integridad física, no se puede tapar el sol con un dedo, precisó. 3. Irregularidades graves en la operación Además, no es metiendo unidades irregulares, sin placas y sin autorización legal, como se soluciona la falta de servicio. Hoy en día, el transporte público federal y foráneo ha venido invadiendo las áreas urbanas del estado y del municipio, prestando servicio público sin concesión, lo cual viola la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán. Estas zonas ya están concesionadas a miles de unidades del transporte público urbano y suburbano, que sí cumplen con obligaciones fiscales, operativas y de seguridad. Por ello, invitamos respetuosamente a la directora del Instituto del Transporte a que revise con seriedad el perjuicio económico y operativo que sufren los transportistas concesionados, quienes ven vulnerada su inversión, su fuente de trabajo y su derecho a competir en igualdad de condiciones. 4. Complicidad institucional y falta de regulación Resulta inadmisible que, mientras los transportistas legalmente constituidos enfrentan sanciones, trámites y obligaciones, otros operen sin concesión, sin placas o con permisos federales fuera de su ámbito, invadiendo zonas urbanas con la complacencia o el silencio del Instituto del Transporte y de la Secretaría de Movilidad. Esa inequidad institucional pone en riesgo la estabilidad del sistema de transporte público y socava la confianza ciudadana en la autoridad reguladora. 5. Exigencia ciudadana y gremial Los ciudadanos del poniente de Morelia y los transportistas concesionados no piden privilegios, piden justicia en movilidad: rutas suficientes y contínuas. Transporte digno, seguro y accesible asimismo, certidumbre jurídica y económica para quienes invierten y cumplen con la ley y regulación pareja y sin favoritismos. |
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