ABR 262025 por Ismael Rins, Secretario Técnico de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, y Gerardo Carballo, Abogado, Mediador y Árbitro. Durante su intervención, Ismael Rins explicó el principio de progresividad, un concepto fundamental en diversos tratados internacionales de derechos humanos, el cual establece que los países deben avanzar continuamente hacia la plena realización de estos derechos, sin retroceder en los logros alcanzados. En el ámbito ambiental, señaló que este principio implica que las políticas públicas, las leyes y las decisiones institucionales deben buscar siempre una mejor protección del medio ambiente y de derechos relacionados, como el acceso al agua, al aire limpio, a la tierra fértil y a un entorno saludable. Por su parte, Gerardo Carballo expuso que la justicia restaurativa es un enfoque de resolución de conflictos que prioriza la reparación del daño causado a la víctima o al interés público y la reintegración del infractor a la sociedad. La mediación, explicó, se inserta en este contexto mediante diversos mecanismos como los círculos restaurativos, las conferencias restaurativas (especialmente en justicia juvenil), los encuentros entre víctima y ofensor, los círculos de sentencia o de acto administrativo, así como la justicia restaurativa comunitaria. Al ofrecer las conclusiones del panel, José Antonio Morales Notario, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco, retomó las ideas de Ismael Rins sobre la importancia de proteger el medio ambiente frente a la actual crisis ambiental, y subrayó que las políticas públicas deben orientarse a esta protección de manera real y efectiva, con base en el principio de progresividad y desde una perspectiva ética y jurídica. Asimismo, Gerardo Carballo concluyó que la mediación y la justicia restaurativa representan una oportunidad para fortalecer la justicia punitiva y administrativa, y contribuyen al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas, que busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Destacó que estos mecanismos abren un espacio de encuentro entre víctima e infractor para construir soluciones basadas en el diálogo, el reconocimiento y el acuerdo; además de introducir una dimensión ética y relacional que promueve la reparación consciente y voluntaria del daño, la participación activa de las víctimas, y la asunción de responsabilidad de los infractores de una forma más personal y transformadora. Ambas prácticas, dijo, constituyen expresiones contemporáneas de una justicia relacional, orientada no solo a determinar quién tiene razón, sino a reconstruir vínculos, generar sentido y fomentar la paz social desde el protagonismo ciudadano. El panel se llevó a cabo en el marco de la LXI Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) y el Congreso "Medios Alternos de Solución de Controversias y Justicia Restaurativa, para una cultura de paz y respeto a los derechos humanos". El anfitrión de este evento fue Marco Antonio Tinoco Álvarez, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán. |
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