JUN 052014 En el actual gobierno, "persisten deficiencias y confusión sobre las bases de datos y las cifras sobre personas desaparecidas", expresan en informe presentado a Naciones Unidas el Centro de Análisis e Investigación, Fundar; el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ). El documento reporta 20 mil 810 personas desaparecidas reconocidas "oficialmente" entre 2006 y mayo del 2014; 13 mil 195 fueron reportados desaparecidos durante la administración de Felipe Calderón y se ha notificado la desaparición de 7 mil 615 personas en lo que va de la presidencia de Enrique Peña Nieto. "Resulta alarmante que las desapariciones de personas continúan durante la presente administración y que la cifra de personas desaparecidas en menos de dos años del gobierno de Peña Nieto represente el 60% del total de las personas desaparecidas durante la totalidad del gobierno de Felipe Calderón", alertan defensores, expertos y víctimas de violencia. El informe ciudadano precisa que a la fecha, México no cuenta con el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y el Registro no cuenta con información. Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), presentaron su diagnóstico ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU dentro del proceso de revisión de las medidas adoptadas por el Estado mexicano para cumplir con las obligaciones contraídas en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En materia de acceso a la justicia, el informe de defensores, expertos y víctimas de violencia enfatiza su preocupación porque el número de averiguaciones previas iniciadas por el Estado por el delito de desaparición forzada "es confuso y en todo caso está muy por debajo de las necesidades en materia de investigación que se desprenden de las cifras brindadas por la SEGOB." En el informe de México ante el CED se señala que se iniciaron 99 averiguaciones por desaparición forzada entre 2006 y 2013 a nivel federal; y 192 a nivel local. Sin embargo, en una solicitud de acceso a la información presentada por las organizaciones firmantes, la PGR reporta 138 averiguaciones previas por desaparición forzada en el mismo período. Aunado a lo anterior "resulta evidente que la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en junio de 2013 para responder a la problemática de las desapariciones, se encuentra rebasada y enfrenta dificultades estructurales, precisan el MPJD, Fundar y Serapaz. En el informe se pide información pública sobre los instrumentos de búsqueda en vida e identificación forense, tales como el Convenio entre la SEGOB y el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Plan Nacional de Búsqueda, la Red Nacional de Búsqueda y el Dispositivo de Búsqueda Urgente. En cuanto a la identificación forense de restos, el informe destaca la falta de protocolos estandarizados a seguir tras el hallazgo de fosas clandestinas en el país, identificación y notificación de los hallazgos a los familiares, así como la falta de personal pericial especializado en antropología y arqueología forense. Asimismo, continúan las deficiencias en la garantía de los derechos de las víctimas, tales como la falta de participación de las víctimas en la elaboración del Reglamento de la Ley General de Víctimas (LGV) y el retroceso en estándares establecidos en la LGV, la falta de implementación de la figura de ausencia por desaparición y Fundar, el MPJD y Serapaz advierten que "persisten las violaciones a los derechos de las víctimas en la investigación penal de los casos de desapariciones"; además, la falta de mecanismos de coordinación y atención a víctimas y la falta de protección a familiares que buscan a personas desaparecidas, expone a las víctimas, detallas defensores y expertos al repudiar los asesinatos de Nepomuceno Moreno y Sandra Luz Hernández. Ante la desaparición, "las medidas tomadas por el Estado mexicano son insuficientes frente a la dimensión de la problemática de la desaparición forzada y persisten grandes deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones que implica la Convención y las recomendaciones que realizó el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su visita a México en marzo de 2011", concluye el reporte del MPJD, Fundar y Serapaz. |
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