| DIC 092013 Hace dos décadas justamente, el discurso del federalismo estaba bastante acreditado. La distribución del poder político - administrativo hacia las entidades y los municipios se consideraba congruente con la transición democrática en curso e inaugurada con la ruptura de 1988. Cuando se llegó a hablar de la reforma del Estado uno de los temas más importantes a abordar tenía que ver con el fortalecimiento de los gobiernos locales, e incluso el discurso del municipalismo se posicionó de tal manera que llegó a hablarse de una república basada en un municipalismo fuerte. El acotamiento que sobre el poder presidencial se impuso con la emergencia de partidos fuertes, el derrumbe del partido de estado que sobrevino a partir de la crisis de 1988 y el surgimiento de la alternancia hicieron posible que parte del poder que centralizaba la presidencia de la república se distribuyera hacia las entidades. La derrota del PRI en el 2000 logró que esa distribución se consolidara. Ya durante la década de los 90's del siglo pasado se aprobaron legislaciones con inspiración "federalista" que daban a los gobiernos locales mayores atribuciones para el diseño y aplicación de políticas públicas. La distribución, por cierto, no llegó a los municipios que casi en nada se vieron fortalecidos. Pero tampoco el centro derivó mayores poderes económico hacendarios a las entidades. En algunas áreas de la administración pública se "federalizaron" los problemas pero no los recursos financieros, ni las normas para resolverlos. La visión tímida, vacilante y conservadora que prevaleció como proyecto real de federalismo durante el salinismo y los sexenios de Zedillo y Fox, generó vacíos en distintas áreas de la vida política de las entidades, que ocasionó el efecto contrario a la fortaleza. En algunas entidades los problemas se fueron acumulando y terminaron por rebasar a las instituciones en diferentes áreas como la seguridad, la educación, la sustentabilidad ecológica, la gobernabilidad y los sistemas financieros. El modelo de distribución del poder, ambiguo y errático, terminó por fallar y los resultados no son gratos ahora. Esta parte de la agenda por la democratización de la vida nacional quedó frustrada y contribuyó, junto con otros factores, a que la transición quedará como proyecto inconcluso. El abandono ha sido tal que el Pacto por México no incluye en su agenda punteada el tema del federalismo. Sólo aparece como débil brochazo en la parte hacendaria, pero no como proyecto para una distribución democrática y efectiva del poder con el propósito de que las entidades y municipios puedan fortalecerse en todos los ámbitos del ejercicio de su gobierno. Sin haber hecho un diagnóstico de la "política federalista" de gobiernos pasados y sin haber revalorado la importancia democrática de la redistribución del poder central, los partidos firmantes del pacto han venido aprobando legislaciones centralistas. Ante la debilidad que han mostrado algunos gobiernos locales ante los problemas generados por un modelo "federalista" ambiguo, nuestros legisladores están creyendo que la solución para recuperar la autoridad es nuevamente centralizar. No ha sido opción para ellos conocer las causas de la debilidad y en función de estas resolver legislativamente para otorgar facultades a los estados para fortalecerles. Y el modelo está resultando otra vez fallido, y ahora prematuramente fallido, es el caso de la reforma educativa que al tener tan sólo tres meses de aprobada ya es letra muerta en varias entidades. La reforma política, cómo viene, con la creación del Instituto Nacional Electoral, es una regresión centralista. La partidocracia por interés propio pulveriza a los institutos electorales de los estados y le otorga al INE grandes poderes centrales. Nuevamente no existe una valoración previa de la importancia democrática y política de los organismos estatales y de un plumazo, casi es un hecho, los anulará. El modelo "federalista" que ahora se está imponiendo parece estar claramente determinado por los acuerdos que la clase política mexicana logra para redistribuir algunos de los viejos poderes presidenciales, pero sólo entre los actores que tienen poder en el centro. La recentralización no ayudará a las entidades ya debilitadas ni contribuirá a un mejor y más sano equilibrio democrático para el país. Es, en sentido estricto, una regresión en momentos en que la nación necesita distribución democrática del poder y no recetas de concentración. |
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