OCT 132021 Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó nuestro estado e hizo algunas declaraciones desafortunadas, que se suman a la lista que ha acumulado contra el movimiento feminista y la lucha de las mujeres. En primer lugar, mencionó que Alfredo Ramírez Bedolla es "su representante en Michoacán". Al respecto, queremos aclararle que, por el contrario, el gobernador de Michoacán es el representante de la población michoacana, elegido democráticamente y obligado con ello a velar por los intereses de las mujeres y hombres de este estado. No queremos más virreinatos: Michoacán es una entidad autónoma, libre y soberana dentro de un sistema federal. Con respecto al nuevo gobierno de Michoacán queremos referirnos en específico a tres temas: el nombramiento de Yarabí Ávila como titular de la Secretaría de Educación en el Estado; la presencia de hombres agresores en diferentes puestos del gobierno y las designaciones de perfiles con probada capacidad en los espacios de tomas de decisiones que generan un impacto directo a las mujeres y en todas las áreas del poder ejecutivo. Las mujeres de Michoacán estamos más unidas y organizadas que nunca, y prueba de ello es que hoy, aquí, convergemos varias generaciones de feministas. En la colectividad y también a título personal nos une la misma causa y el interés en ser contrapeso de un gobierno que a pocos días de entrar en funciones ha conseguido decepcionarnos. Sin embargo, no perdemos la esperanza, y decimos a Alfredo Ramírez Bedolla y todo el gobierno estatal: aquí estamos, los estamos observando y de ninguna manera permitiremos un Michoacán y una política sin nosotras. 1. Yarabí Ávila y la SEE Las mujeres que de manera independiente y organizadas en colectivas, conformamos ILEMich, exigimos la destitución inmediata y definitiva de la Secretaría de Educación en el Estado, Yarabí Ávila González, toda vez que su actuar público menoscaba y busca invalidar derechos humanos de las personas, en especial de las niñas, los niños y las mujeres. En específico, la expresión pública de su postura antiderechos con respecto a la interrupción legal y voluntaria del embarazo, asumiéndose "provida", viola los artículos 1, 24, 40, 115 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1 y 3 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Pu?blico; el artículo 7 fracciones III, IV, VII y VIII de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como el artículo 6 fracciones I, III, IV y VII, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo. El activismo y la confesión abierta de Yarabí Ávila como "provida" no puede justificarse como un tema privado ni del ámbito personal, puesto que implica la supresión de derechos humanos por parte de una servidora pública que se desempeña como Secretaria de Estado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), afirman que las personas con responsabilidades públicas tienen un umbral distinto de protección que les expone en mayor grado al escrutinio y a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las actividades que realizan y porque su posición puede ser observada y replicada por la ciudadanía. Le recordamos además que el pasado 07 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la penalización del aborto, lo que convierte la postura de Yarabí Ávila en un discurso inconstitucional, pues criminaliza a la mujer por el ejercicio de un derecho y estigmatiza a las mujeres que luchamos por el reconocimiento del mismo. ??Entre las más destacadas propuestas de la agenda "provida" se encuentra la censura de los contenidos educativos a partir de iniciativas de legislación que introducen el PIN parental, que es un código religioso, moral y racial que permite que los padres de familia impidan que sus hijas e hijos reciban contenidos científicos, políticos y de género que incomoden sus principios morales y religiosos, bajo la consigna de que es un derecho de la sagrada familia definir la educación de sus miembros. Esto constituye un atentado al principio de la educación laica que se ha ganado en las luchas históricas contra el dogmatismo y viola el derecho humano de las niñas y los niños a una educación basada en el conocimiento científico, que sea integral, que no inhiba el libre desarrollo de la personalidad humana y que respete la dignidad de la infancia. Los discursos antiderechos, como el que promueve Yarabí Ávila, fomentan un tipo de educación oscurantista y discriminatoria que reproduce la homofobia, niega la prevención de la violencia machista, justifica los embarazos adolescentes y el abuso sexual, y violenta el interés superior del menor al anteponer las creencias personales religiosas y morales de una persona por sobre el derecho a la educación universal y laica de millones de niñas, niños y adolescentes. Por todo lo anterior exigimos que: ? 1. Yarabí Ávila ofrezca una disculpa pública por sus expresiones en contra de los derechos de las mujeres en torno al libre desarrollo de su personalidad; a sus derechos sexuales y reproductivos; y al aborto; y por difundir un discurso de odio, que por su posición política puede ser replicado por la población y fungir como incentivo para reproducir acciones de discriminación. 2. La destitución inmediata de Yarabí Ávila González debido a que su desempeño como servidora pública tiene un historial que se aleja de los valores que rigen esta institución enmarcados en los derechos humanos y los mandatos del artículo 3 constitucional. 3. El nombramiento como titular de la Secretaría de Educación del Estado a una persona con amplio conocimiento de la materia educativa, los derechos humanos y la perspectiva de género. En días pasados circuló un pronunciamiento emitido por colectivas feministas y firmado por más de 100 personas y organizaciones de la sociedad civil, presentando estas exigencias al gobernador de Michoacán. También se ha difundido una petición en change.org con el mismo objetivo y que cuenta ya con casi 300 firmas. Asimismo, ILEMich presentó el pasado lunes 11 de octubre una solicitud por escrito al titular del ejecutivo estatal donde demandamos los mismos puntos. Sin embargo, no ha habido una respuesta respecto a este tema por parte de Ramírez Bedolla, a lo que decimos: no se nos olvida, y los estamos observando. 2. Perfiles adecuados en puestos de gobierno. Las mujeres somos el 52% de la población estatal, y en esta época, que es caracterizada por el impulso de los derechos humanos, y que además viene acompañada por una nueva ola feminista que nos ha permitido organizarnos e incidir más activamente en los gobiernos, advertimos que no nos quedamos conformes con que sólo exista un área de todo el poder ejecutivo que observe las políticas del Estado con perspectiva pro derechos humanos y feminista. Todas las dependencias, entidades y áreas del gobierno también trabajan para nosotras, por lo que urgimos al gobernador que todas las designaciones de perfiles cuenten con absoluta capacidad en sus áreas y estamos atentas a la designación de las y los titulares de las áreas del ejecutivo estatal, esperando se integren en todos los niveles de la estructura de gobierno, mujeres y hombres aptos para los puestos más allá de compadrazgos, dedazos y favores, que cuenten con amplio conocimiento en las áreas que encabezarán pero que además estén capacitados en género y asesorados por perfiles con enfoque feminista, que pueda ayudar a mantener políticas públicas que no afecten negativamente a las mujeres y que, por el contrario, nos beneficien de manera igualitaria que a los hombres, pues para encontrarnos en un pleno estado de derecho debe existir la igualdad sustantiva. Las mujeres no somos una minoría; muy por el contrario, somos la mayoría y merecemos ser contempladas en todas las políticas públicas y programas del estado. 3. Ningún agresor en el poder. Y porque lo personal es político y porque ahora sabemos que las agresiones que en un momento se consideraban cuestiones personales no lo son, y que por el contrario son problemáticas estructurales y sistemáticas de violencia patriarcal, y porque una de las consignas más firmes del feminismo es la tolerancia cero a la violencia de cualquier tipo contra las mujeres, así como cero tolerancia a las personas que la ejercen, estamos atentas a que ningún servidor público del poder ejecutivo tengan antecedentes de violencia. En ese sentido, manifestamos nuestro profundo rechazo a las personas agresoras en el poder, como es el caso de Roberto Reyes Cosari, diputado plurinominal por Morena acusado de acoso sexual y laboral en 2020. También, rechazamos la designación de Omar Murillo Nuñez como director de Operación de Fondos y Valores de la Secretaría de Finanzas y Administración, quien fue acusado y sentenciado por la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato por abuso sexual y laboral en 2017. Condenamos también la incorporación de Héctor Abud Ochoa, quien tiene denuncias por violencia y agresiones sexuales y que es de nuestro conocimiento que es del primer círculo del gobernador, pues incluso aparece en fotos publicadas por él mismo en su cuenta de Twitter como integrante de su secretaría particular y que al momento de esta rueda de prensa labora en la SEDECO. A las mujeres michoacanas, en especial a aquellas que están en áreas de trabajo o en relaciones jerárquicas con quienes hemos señalado o con otros posibles agresores, les recordamos que no están solas, nosotras les creemos y las acompañamos y si deciden no guardar silencio y denunciar, estaremos con ustedes hasta el final. A Alfredo Ramírez Bedolla decimos: las mujeres organizadas políticamente en Michoacán observamos con atención el ejercicio de su cargo y confiamos en que su buen juicio nos permitirá gozar de un verdadero Estado de Derecho en lo que al actuar de todas las dependencias del Poder Ejecutivo compete. Las mujeres michoacanas, las feministas y las y los familiares de víctimas decimos: "NINGÚN AGRESOR EN EL PODER". |
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