| JUN 092025 En 1972 el gobierno federal creaba la Subsecretaría de Mejoramiento Ambiental para aplicar los ordenamientos de esa ley. Pero fue hasta el Plan Nacional de Desarrollo 1983-88 que se incorporó la conceptualización ecológica para abordar la cuestión del desarrollo económico. En este plan se advertía de la urgencia por establecer un equilibrio entre desarrollo económico y preservación de los "recursos naturales". Con definiciones más precisas en materia ambiental en 1987 se aprobó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y como consecuencia de la participación de México en La Cumbre de Rio (de Janeiro, Brasil) en 1992, el gobierno de la república creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) en 1994. Derivado de ello en 1994 se incluyó en la LGEEPA el concepto de Desarrollo Sostenible. La ocupación de las instituciones mexicanas en el cuidado del medio ambiente está cumpliendo 55 años. Esto desde luego no quiere decir que los mexicanos no se ocuparan de acciones y reflexiones ambientalistas antes de esa fecha. Este recorrido lleva más de medio siglo y uno supondría que hemos frenado o revertido el deterioro de eso que con ánimo antropocéntrico llamamos "recursos naturales", selvas, bosques, tierras, ecosistemas, lagos, ríos, etc. Lamentablemente la realidad, que se nos revela de manera cruda, no indica lo contrario. Tal vez se pueda decir, y con razón, que si no fuera por esas leyes e instituciones la realidad sería más desastrosa. Sin embargo, lo que se lamenta es el hecho de que el freno a las prácticas económicas indebidas ha sido derrotado y que toda esa historia institucional no ha sido suficiente para reorientar la economía hacia prácticas sostenibles ni tampoco ha sido suficiente para modificar la cultura de la sociedad mexicana en favor de valores que propicien el respeto hacia la naturaleza, hacia el planeta. Los valores ambientales en los que se sustenta nuestra economía no han cambiado mucho desde los años setenta. Las categorías relativas a lo sustentable y a lo sostenible no han ido más allá de los textos en los planes de desarrollo y de los discursos políticos. Son más la expresión catártica de políticos que quieren ganar votos que el camino práctico por el cual deba transitar la economía diaria. En cambio, los valores efectivos que dominan la producción son el ecocidio, la rapacidad, el extractivismo, la voracidad, la impunidad, la destrucción, y se pueden encontrar en todas las áreas de la producción vinculadas de manera directa con la naturaleza. Las leyes ambientales que México posee son abundantes y precisas. Si se hiciera una valoración de la calidad de nuestras leyes (escritas) debería decirse con objetividad que son buenas. Tenemos aceptables leyes federales, estatales y en algunos lugares municipales (bandos). En ellas se considera como derecho humano el acceso a un medio ambiente sano, que casi lo dice todo. Sin embargo, en la práctica, las políticas ambientales están por completo reprobadas. No han podido frenar la deforestación ilegal, tampoco han podido frenar el cambio de uso de suelo, el acceso al agua es cada vez más insuficiente y la privatización de esta es un fenómeno generalizado. Ni siquiera han podido contener las acciones ecocidas de los propios gobiernos a la hora de realizar las obras públicas. En los hechos México está reprobado, y seguirá estándolo en materia ambiental. El recorte y desmantelamiento presupuestal de este sector aseguran ese destino. Podría presumir logros mínimos, generalmente relacionados con la promulgación de una ley, un decreto, que terminan archivados, es decir, logros en materia de jardinería, pero no pueden presumir el freno al ecocidio, la rapacidad y la impunidad. A más de medio siglo de haber incorporado en nuestra cultura jurídica y política la problemática ambiental, y frente al fracaso de las políticas en la materia, que están a la vista de todos, la sociedad mexicana y el gobierno deberían, de manera imprescindible, iniciar un proceso de reflexión crítica. México no puede seguir avanzando por la senda de la simulación en materia ambiental; no puede seguir permitiendo que se siga destruyendo, como si ello fuera normal y acertado, el patrimonio natural del que dependen las futuras generaciones del país. Es una infamia que se siga permitiendo que sean electos diputados, presidentes municipales, senadores, gobernadores y presidentes, que de plano son ignorantes de la agenda ambiental, o peor aún, que formen parte de las pandillas ecocidas que destruyen el patrimonio natural, es decir, que sean delincuentes ambientales. El calentamiento global, y con él el cambio climático, son fenómenos que ya están golpeando la economía y la vida ordinaria de los mexicanos. Es irresponsable seguir posponiendo la aplicación de políticas de cero destrucción creyendo que tenemos tiempo y espacio ilimitados para las prácticas destructoras. La crisis civilizatoria, caracterizada por la ceguera y la banalidad del juicio, por la que transitamos, podría generar en menos tiempo del que creemos una catástrofe de sobrevivencia. Necesitamos una nueva política ambiental, una mejor cultura del derecho humano ambiental, marcadas por decisiones imperativas que corrijan nuestro camino hacia la destrucción. Cada ciudadano debemos hacer lo posible para que tarde o temprano esta sea la ruta que todos sigamos. |
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