| JUN 092024 En los últimos años ha crecido, de manera notable, la inseguridad de quienes desde sus territorios denuncian el daño a la naturaleza o promueven la organización de pueblos que son afectados por tales perjuicios. En el medio rural la inseguridad de quienes alzan la voz, sin embargo, parece más agudizada por las particularidades de los entornos. El origen de este fenómeno se encuentra, sin duda, en el choque de intereses entre quienes expresan sus desacuerdos con actividades como el cambio de uso de suelo, la tala ilegal, los incendios provocados, la apropiación de aguas o el uso de tecnologías que rompen con los ciclos naturales, y quienes buscan obtener beneficios económicos realizando tales actividades. En la medida en que algunos de estos fenómenos, como el cambio de uso de suelo y la apropiación injusta e ilegal de aguas se incrementan para satisfacer el creciente mercado de los productos que por esa vía se producen, también crece la tensión social, los reclamos, y por ende el acoso a quienes alzan la voz. El poder económico, que siempre va acompañado del poder político de los agentes productivos, se traduce en el caso de algunos pocos agentes empresariales, en capacidades y medios operativos para acosar o buscar la eliminación física de quienes se resisten desde su tradición a la modificación de bosques, causes de ríos y ciclos naturales que alteran y perjudican los modos de vida de los pueblos. El clima de inseguridad, ya sistémico, que impera en distintos puntos del estado, de manera singular en la franja aguacatera y de producción de frutillos, es un componente que eleva el potencial de riesgo para la disidencia a esas prácticas ecocidas. La resistencia social ante el modelo agresivo y desregulado de la expansión agrícola, como se ha observado en los últimos años, tenderá a crecer en la medida en que se reducen los bosques, se agotan las aguas y se disparan los fenómenos climáticos. El arribo a los límites de la sostenibilidad en diferentes puntos del estado anticipa problemas que no podrán encontrar solución de manera inmediata si no se prevén políticas de mitigación y prevención de las causales y efectos del cambio climático; políticas que suponen una mayor inversión pública. De hecho, ya existe un choque frontal de prácticas. Mientras unos reivindican la protección, conservación y regeneración de bosques y aguas, otros desmontan, expropian aguas y usan tecnologías para alterar los patrones climáticos. Al paso de los años esta contradicción irá ocupando un plano central en el ámbito agropecuario y urbano debido a la magnitud del territorio degradado y de la población afectada y pondrá en entredicho los parámetros de la gobernabilidad que hasta ahora se han aplicado. La urgencia de que los empresarios aguacateros y de frutillas (grandes consumidores de bosques, aguas y agroquímicos) en diálogo con el gobierno y la sociedad, redefinan la ruta del crecimiento económico en ese sector es impostergable. La importancia de que tales actividades se regulen a partir del principio de legalidad y sostenibilidad, incluso para evitar el propio colapso, debe atenderse antes de que se vean rebasados por la inviabilidad del mercado, las normas internacionales, la inseguridad y la insostenibilidad ambiental. En esa ruta la cuestión de la seguridad de los defensores de los derechos ambientales debe entrar en una agenda especial e inmediata. Debemos asumir, porque así es realmente, que la defensa ambiental ha sido la reacción natural frente a la acción voraz y destructiva que algunos agentes productivos han adoptado para incrementar sus ganancias, sacrificando el derecho de los demás. Esta reacción natural de defensa y protesta también se ha generado en el municipio de Madero a partir del crecimiento caótico y dañino de las plantaciones ilegales o desreguladas que han consumido de manera bárbara bosques y aguas. Y también ahí, de manera paralela en los últimos 3 años, se ha incrementado el acoso a los defensores ambientales quienes han sido objeto de secuestros e intentos de levantón en ya 4 ocasiones, aparte de un clima de amenazas de muerte que ha adquirido regularidad ominosa. La falta de una estrategia firme, bien coordinada, de las instituciones que tienen el deber constitucional de evitar los delitos ambientales, ha permitido que se consolide una cultura de la impunidad entre quienes violan la ley. En esa cultura la tala ilegal, el cambio de uso de suelo y el robo de aguas son valores contraculturales justificados en aras del acceso al bienestar económico y a la creación de empleos; en esa cultura el ambientalismo es considerado corrosivo y enemigo de ese progreso. El reciente secuestro de Álvaro Alcahuter Villa se inscribe en este contexto. Tan solo hace un mes, junto a otro ambientalista, fue retenido y amenazado por "meterse" a reclamar el cambio de uso de suelo y el robo de aguas de su comunidad. Afortunadamente Álvaro fue liberado con vida, sin embargo, el acto es condenable y motivo de exigencia al gobierno de Michoacán y a la Fiscalía General para que el caso se esclarezca y se sancione a los responsables. El caso, también, plantea la urgencia de políticas ambientales de mayor intervención que supongan una firme presencia de las instituciones en los territorios para hacer valer el estado de derecho; un derecho constitucional cuyo cumplimiento no debería suponer ningún riesgo como ha ocurrido con Álvaro. |
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